Actualización: 29 de abril del 2022 a las 10:00 p.m.

*Con apoyo de Vidal Merma

El conflicto en Las Bambas se agudiza. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha confirmado que 44 personas resultaron heridas los días 27 y 28 de abril, durante el desalojo de los comuneros de Fuerabamba y Choaquere de los terrenos de MMG Las Bambas. Del total de heridos —32 civiles y 12 policías— el caso más grave es el de Rosa Paniura Vargas, de 60 años, quien perdió el globo ocular y fue referida a la ciudad de Cusco. 

La causa de las heridas sufridas por Paniura Vargas aún está en investigación, ya que el informe del centro de salud de Challhuahuacho, donde fue atendida en primera instancia, no detalla cómo sufrió la pérdida del globo ocular.
 
La Defensoría del Pueblo investiga, además, denuncias públicas sobre el uso de armas de fuego contra comuneros de Choaquere, quienes el 28 de abril fueron desalojados del sector donde se construiría el segundo tajo de Las Bambas, denominado Challcobamba. Así lo indicó a OjoPúblico el representante de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Luis Alvarado. 

Del total de heridos registrados los días 27 y 28 de abril, 32 son civiles y 12 heridos, según la Defensoría del Pueblo".

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, señaló a OjoPúblico que el comunero Efraín Rojas Paniura, de 39 años, fue herido por presunta arma de fuego durante los enfrentamientos en el ingreso de la minera. 

La Red de Salud de Cotabambas confirmó a este medio que Rojas Paniura fue atendido en el establecimiento de salud de Nueva Fuerabamba. Ingresó el jueves 28 de abril, a las 2:15 p.m., el diagnóstico fue “herida penetrante de la pared posterior del tórax”. El médico de turno que lo atendió indicó que el paciente debía ser referido a otro centro de salud, pero su familia se opuso y lo trasladó a una clínica privada. Su condición es estable.

El presidente de la comunidad de Fuerabamba informó que otros dos ciudadanos presentan heridas por perdigones, los identificó como Juan Werner Succa Huamaní (herida por presunto perdigón en ojo izquierdo) y Roberto Vargas Cahuana (golpe de presunto perdigón en maxilar inferior izquierdo).

La lista de 44 heridos registrados por la Defensoría del Pueblo incluye los casos de Efraín Rojas Paniura, Juan Werner Succa Huamaní y Roberto Vargas Cahuana, aunque en el primer caso no se precisa la causa de la herida penetrante que sufrió en el tórax. 

Un comunicado emitido el jueves 28 de abril por la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades por las lesiones infligidas a las personas que resultaron heridas en Las Bambas. 

También pidió realizar una investigación para determinar responsabilidades por los daños a la propiedad privada (quema de vehículos, carpas, laptops, escritorios, caseta de seguridad y un generador eléctrico de la compañía. Estos actos habrían sido provocados por parte de los comuneros de Fuerabamba, tras ser expulsados de Takiruta. 

Además, invocó a las partes del conflicto volver al diálogo para verificar el cumplimiento de acuerdos a través de una comisión mixta con participación de la institución. Sin embargo, Edison Vargas, presidente de la comunidad, dijo que radicalizarán sus protestas.

El viernes 29 de abril —a tres días de iniciados los enfrentamiento en Las Bambas—  la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, y a la minera a una mesa de diálogo para el sábado 7 de mayo a desarrollarse en Lima o en Tambobamba (Apurímac) según decida la comunidad.

Cuando las partes en conflicto logren el diálogo, se “fijará la fecha de realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en la provincia de Cotabambas”, indicó la PCM a través de un comunicado. 

La ruptura del diálogo

El miércoles 27 por la mañana se publicó el decreto supremo que declaró el estado de emergencia por 30 días a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, ubicados en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac. La disposición otorga permiso a la Policía Nacional —con apoyo de las Fuerzas Armadas— para intervenir en los territorios de la minera Las Bambas que fueron ocupados por familias de diversas comunidades, como protesta por el supuesto incumplimiento de acuerdos adoptados una década atrás. 

Cerca del mediodía del miércoles 27, el diálogo entre la minera y las comunidades de Cotabambas se rompió. La Policía y los comuneros empezaron un enfrentamiento que, inicialmente, dejó dos personas heridas de gravedad, según se apreció en la transmisión de medios locales. Dicha información fue corroborada por la Defensoría del Pueblo.  

Cerca del mediodía del 27 de abril, el diálogo entre la minera y las comunidades se rompió".

El mismo 27 de abril, la Policía cercó el sector de Takiruta, zona ocupada por la comunidad de Fuerabamba. Tras algunas horas de enfrentamiento, los comuneros de Fuerabamba fueron repelidos por la Policía hacia el sector de Manantiales, en el distrito de Challhuahuacho. 

Entonces, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló a OjoPúblico que había 10 personas heridas —la mayoría de ellos, mujeres—, y detenidos, pero no precisó la cifra. Los heridos, según indicó, eran: Odilón Portilla Vargas, Lucía Portilla Vargas, Nayhua Yolanda Portilla Vargas, Berna Vargas Martínez, Teresa Paniura Vargas, Rosa Sencia Lima, Rosa Paniura Vargas, Flora Huamani Huillca, Luz Delia Huamani Huillca y Florentina Huamani Huayta.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, informó a este medio que dos comisionados de la oficina de la región Apurímac se encuentran en la zona del conflicto para recabar mayor información sobre los heridos y detenidos reportados por la comunidad de Fuerabamba.

Mientras comuneros y policías se enfrentaban en Fuerabamba, el presidente Pedro Castillo y su gabinete participaron del VII Consejo de Ministros Descentralizado Vraem, en Ayacucho. Recién a las 6:44 p.m., la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó, a través de un comunicado que borró horas después, que el desalojo con la participación de la Policía había sido solicitado el 16 de abril por la empresa Las Bambas.

La solicitud fue hecha al Frente Policial Apurímac para contar “con las garantías operativas de la PNP” para el desalojo de los “predios privados invadidos por comuneros de las comunidades campesinas de Fuerabamba y Huancuire […]”, según informó el mayor PNP Juan Pablo Chenett Del Pozo, comisario de Challhuacho, al subprefecto Edilberto Pinares Almirón en un oficio remitido el 25 de abril y que la PCM difundió.

A través de cuenta de Twitter, la Policía Nacional informó que el general Roger Pérez, al mando de 676 efectivos de la Región Policial Apurímac, logró recuperar el "100% de los predios invadidos a la minera Las Bambas". 

“Cabe precisar que esta acción —pedida por la empresa privada—, fue solicitada antes que el Gobierno decretara el estado de emergencia en la zona […]”, señala el comunicado de la PCM, que finaliza invocando a las partes del conflicto a continuar dialogando. 

Sin embargo, luego del desalojo, los comuneros continuaron con las protestas contra la minera. El jueves 28 intentaron retomar los terrenos de Takiruta y se produjo un enfrentamiento en el sector denominado Manantiales, que es la zona de ingreso a la mina en el distrito de Challhuahuacho. 

Las horas previas al desalojo

El martes 16 de abril, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se reunió con representantes de la comunidad de Choaquere para tratar de implementar una mesa de diálogo entre ellos y la minera. Mientras esta cita se realizaba en Apurímac, en la región vecina de Cusco un contingente de más de 150 policías se embarcó en buses para participar del desalojo de los comuneros de Fuerabamba, quienes se encontraban en las instalaciones de la empresa desde el pasado 14 de abril.

El clima, de relativa tranquilidad, en Takiruta —zona ocupada por la comunidad de Fuerabamba— cambió cuando los dirigentes recibieron información sobre la movilización de las fuerzas policiales. En este sector de la mina, unas 700 familias empezaron a construir viviendas con bloques de tierra. Las labores fueron interrumpidas una vez que los dirigentes advirtieron del desalojo, y plantearon una reunión para definir cómo hacer frente a la Policía. Se pidió la participación de reservistas de la comunidad.

PÉRDIDAS. A causa del conflicto con las comunidades campesinas, la mina Las Bambas paralizó su producción desde el pasado 20 de abril.

Foto: OjoPúblico / Vidal Merma

“Hermanos, les pido fuerza y unión, no tengan miedo por lo que van a venir policías, solo nos vienen a asustar […], acá es nuestra tierra, donde hemos nacido, hemos vivido […]. Lo que se quiere es fuerza e invitar a nuestros hermanos exmilitares a que nos ayuden a organizar, movilizarnos y formar equipos […]”, dijo Edinson Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, ante decenas de comuneros el martes 26 de abril, cuando se supo de la movilización policial desde Cusco.

El mismo martes por la noche, MMG Las Bambas confirmó a OjoPúblico que evaluaba ejercer su derecho de desalojo por la fuerza (defensa posesoria) de la zona ocupada por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, y que pidió apoyo de la Policía para ese fin. En este contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de un oficio dirigido al jefe del Frente Policial Apurímac, Roger Pérez Figueroa, pidió que la operación se realice garantizando los derechos de los miembros de la comunidad campesina Fuerabamba.

En el oficio se recordó que había intentos por parte del Ministerio de Energía y Minas y la PCM para establecer mesas de diálogo con Fuerabamba, Chila y Choaquere. Estas tres comunidades piden a la minera que cumpla con acuerdos asumidos hace diez años.

Defensoría del Pueblo sobre la solicitud de desalojo de MMG Las Bambas by Ojo-publico.com on Scribd

Los supuestos incumplimientos llevaron a un enfrentamiento entre las comunidades. Chila y Choaquere piden renegociar el acuerdo por el cual vendieron terrenos de sus comunidades para la construcción de Nueva Fuerabamba. En esta área de 4.200 hectáreas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, se reubicó a la comunidad de Fuerabamba, que se encontraba asentada en lo que ahora son terrenos de la operación minera.

Chila y Choaquere han tomado posesión de terrenos no ocupados en Nueva Fuerabamba, destinados para la construcción de infraestructura comunitaria. Esta es una de las razones por las cuáles la comunidad de Fuerabamba retornó a sus antiguas tierras. Además, alegan el incumplimiento de otros compromisos.

El primer intento para instalar una mesa de diálogo se realizó con la comunidad de Fuerabamba, el pasado 20 de abril. Entonces, se llevó a cabo una reunión con representantes del Gobierno, la minera y comuneros del sector de Takiruta. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se comprometió a atender los problemas con las comunidades de Chila y Choaquere sobre la propiedad de los terrenos de Nueva Fuerabamba y ofrecer información sobre ello en una siguiente reunión.

PEDIDO. La Defensoría del Pueblo recordó a la Policía que en la zona de ocupación se encuentran mujeres y niños.

Foto: OjoPúblico / Vidal Merma

Sin embargo, la mesa de diálogo con la comunidad de Chila quedó frustrada. Esta cita debía realizarse el pasado 25 de abril, pero se reprogramó porque el ministro llegó tarde. Según señala el libro de actas de la comunidad, la mesa de diálogo debía instalarse a las 10 a.m., pero el ministro llegó a las 3 p.m. porque participó de otra reunión de la PCM. Aún no se conoce la fecha de reprogramación de la mesa de diálogo en Chila.

El 25 de abril se realizó el encuentro con la comunidad de Choaquere. Según detalló TV Perú, el ministerio de Energía y Minas pretende que esta comunidad se convierta en un área de influencia de interés social ambiental. Habrá una nueva reunión el 3 de mayo.

Comunidades resistirán ocupación

Tras tomar conocimiento del pedido de defensa posesoria presentado por la minera, los comuneros de Fuerabamba decidieron permanecer en la zona. La noche del 26 de abril, los comuneros realizaron rondas en Takiruta, para permanecer en el sector. 

“Aquí daremos nuestra vida, será un enfrentamiento de vida o muerte”, señaló el miércoles 27 por la mañana Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba a OjoPúblico. La declaratoria de emergencia tomó desprevenidas a las personas que estaban instaladas en terrenos de la empresa. 

Vargas señaló que estaban sorprendidos con el pedido de la defensa posesoria planteado por la empresa, ya que dificultaría el diálogo iniciado el 20 de abril, cuando tuvieron una reunión con representantes de la empresa y el Gobierno en el sector de Takiruta. “Nos indigna que hayan declarado el estado de emergencia. Nosotros vamos a permanecer acá, no nos van a mover”, aseguró a este medio. 

Desplazados. Las comunidades de Chila y Choaquere ocupan zonas de Nueva Fuerabamba, como protesta a presuntos incumplimientos de la minera.

Foto: OjoPúblico / Vidal Merma

En ese momento, indicó que la comunidad se encontraba a la espera de los resultados de las mesas de diálogo emprendidas por el Gobierno con las comunidades de Chila y Choaquere, pero que no tenían conocimiento del avance de las mismas. La última vez que esta comunidad tuvo comunicación con representantes del Ejecutivo o la compañía fue el 20 de abril. 

El estado de emergencia también incluye al distrito de Coyllurqui, donde comuneros de Huancuire habían tomado posesión de terrenos de la empresa destinados a la construcción del segundo tajo de Las Bambas, denominado Challcobamba. Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad, señaló a OjoPúblico que ningún acuerdo asumido con MMG Las Bambas desde el 2013 fue cumplido. Entre ellos está la entrega de becas de estudio, bonos a docentes y movilidad escolar. 

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