MMG Las Bambas comunicó la suspensión de las operaciones de su minera ubicada en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, el pasado 20 de abril, pero la conflictividad en la zona estalló seis días antes, con la ocupación de terrenos de propiedad de la empresa por parte de miembros de seis comunidades. Desde entonces, según los estimados de la compañía, las pérdidas económicas alcanzan los US$400 millones en exportaciones y más de S/220 millones en rentas para el país y la región Apurímac. 

Un análisis a los registros de Aduanas evidencian una reducción en la exportación de cobre y molibdeno por parte de la minera en los meses de enero a fines de abril de este año. En este tiempo, se realizaron envíos por más de 160.000 toneladas; mientras que en el mismo periodo del año pasado se exportó un 30% más: 499 '004.184 kilos (cerca de 500.000 toneladas. 

Frente a la crisis que ya suma más de 50 días sin vías de resolución, el pasado jueves 2 de junio, los trabajadores de la minera realizaron marchas en las regiones de Apurímac, Cusco y Lima para pedir al Gobierno celeridad en la atención del conflicto a fin de evitar la pérdida de sus empleos. La situación también ha afectado a los negocios del distrito de Challhuahuacho, ubicado a dos kilómetros de la minera, incluso cuando no proveen de servicios a MMG Las Bambas que —junto a Minera Antamina S.A. y la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A— produjo el 53,3% del total de cobre nacional, según el último Boletín Estadístico Minero que consigna datos a marzo del 2022.

Los trabajadores de la minera han pedido al Gobierno celeridad en la atención del conflicto a fin de evitar la pérdida de sus empleos.

Ronald Ayala Jaramillo, director de un restaurante en Challhuahuacho, contó a OjoPúblico que tuvo que despedir a tres de sus seis trabajadores para mantener abierto el negocio. Dice que de obtener S/500 diarios, sus ingresos han caído hasta en un 80%. “Nos vimos obligados a despedir personal para reducir gastos, la suspensión de operaciones mineras está afectando a todos, incluso a nosotros que trabajamos de manera independiente. No doy servicio directo a la mina, pero cuando la mina está operando, tenemos pedidos, ahora no estamos sacando nada, todas las ventas están bajas”, explica.

COMERCIO. La feria dominical en las afueras del Mercado de Challhuahuacho reúne a comuneros que llegan a ofrecer su producción agrícola al distrito.

Foto: Ojo Público / Vidal Merma

Ada Cruz Cali Cárdenas, empresaria del rubro de hotelería y restaurante en Challhuahuacho, decidió mantener a su personal pese a la poca afluencia de clientes, principalmente trabajadores de la minera. Dice que antes de la paralización de actividades recaudaba S/3.000 diarios, ahora obtiene S/300 que le permiten cubrir las planillas de sus trabajadores, ni los gastos de mantenimiento de su empresa. Ella ha recurrido a sus ahorros para amortiguar el déficit de ganancias, con la esperanza de que la situación mejore.

“De los ahorros que hemos tenido en meses pasados estamos jalando para cubrir gastos, esperábamos que en una semana se arregle. Esta situación nos está afectando terriblemente, económicamente nos aqueja más que la pandemia”, señala Ada Cruz.

La Cámara de Comercio de Apurímac (CCA) estima que 1.400 empresarios de Mypes y Pymes de Cusco y Apurímac proveen bienes y servicios a la minera. Asimismo, hay treinta mil familias de diferentes asociaciones de comerciantes locales de Challhuahuacho —principalmente de servicios generales, lavandería, hospedajes, restaurantes y transportes— que se ven perjudicadas de manera directa e indirecta por el conflicto en torno a Las Bambas, indica Sandra Guzmán, representante de los emprendedores de Challhuahuacho. 

“La economía se ha paralizado para nosotros, con mucha pena hemos tenido que despedir a nuestro personal, hay proveedores que manejan hasta 30 trabajadores y han tenido que separarlos a todos una semana después de que la mina anunció la paralización de sus operaciones”, sostuvo Sandra Guzmán.

PRÓXIMO. El distrito de Challhuahuacho se ubica a dos kilómetros del ingreso a Las Bambas y a ocho kilómetros de su campamento minero, hoy paralizado.

Foto: Ojo Público / Vidal Merma

Pero no todos en Challhuahuacho declaran estar afectados por la paralización de la minera. El cusqueño Alejandro Huahuisa Meza, quien confecciona ropa y material de seguridad y radica desde hace 10 años en este distrito, cuenta que brinda sus servicios directamente a los comuneros. “Esta paralización no me afecta, trabajo con las comunidades porque las empresas tercerizadoras de Las Bambas te dan un 50% de adelanto y el resto muchas veces no te pagan, por eso prefiero trabajar con gente del campo”, dice.

Hay 1.400 empresarios de Mypes y Pymes de las regiones de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios a Las Bambas.

Las actividades y negocios en otros sectores no se han afectado. Los mercados, bodegas, puestos de desayunos, venta de ropa, talleres mecánicos, servicios de transporte interno y diferentes negocios que no son proveedores de la mina se realizan con normalidad porque abastecen a sus habitantes, quienes tienen tierras de cultivo y ganado, aunque también hay un sector que se dedica a la minería informal y artesanal en el corredor minero.

La situación de los trabajadores

La paralización de las operaciones afecta sobre todo a parte de la mano de obra de la minera, principalmente de empresas contratistas. La fuerza laboral de MMG Las Bambas suma 9.000 trabajadores entre planilla y contratistas, según información de la empresa. De ellos, el 28% proviene de Apurímac y el 21% de Cusco, dentro de este porcentaje hay 250 comuneros de Fuerabamba que trabajan en su mayoría en el área de operaciones de la minera. 

Rildo Guillén, alcalde de la provincia de Cotabambas, resaltó que la cantidad de apurimeños beneficiados con puestos laborales en la minera es baja. “La empresa minera tiene el compromiso de generar oportunidad laboral para pobladores de la provincia de Cotabambas, pero no están cumpliendo”, señaló el burgomaestre.

“Somos casi 3 mil trabajadores que laboran de manera directa con la empresa y aproximadamente 6 mil que trabajan con contratistas. Tenemos información de que el 50% de trabajadores contratistas ya está pasando al retiro por parte de sus empleadores, tenemos un panorama negativo de aquí a la quincena de junio”, señaló el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Mina Las Bambas, Erick Ramos a OjoPúblico sobre la situación que afrontan. Al respecto, voceros de la empresa indicaron que la suspensión perfecta se está dando entre trabajadores de algunas empresas contratistas. En cuanto a los trabajadores de planilla, informaron que aún no pasan por la misma situación, pero se prevé que si la crisis se prolonga por más de 15 días se tendrían que adoptar medidas similares.

Desde el pasado 14 de abril, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire ocupan una parte de los terrenos de la empresa MMG Las Bambas. Pese a los enfrentamientos registrados entre comuneros y la Policía Nacional, así como daños a la propiedad privada, los comuneros persisten en su medida de fuerza y alegan que recuperarán sus tierras debido a que la empresa ha incumplido convenios suscritos para que ellos accedan al traspaso de sus terrenos. 

El acercamiento entre las partes está en un punto muerto, a decir de los expertos. La minera ha pedido que se le permita reanudar todas las actividades económicas en la zona como condición para entablar el diálogo con los comuneros, mientras que estos últimos exigen el levantamiento del estado de emergencia decretado en la zona desde el 27 de abril, pero este se amplió por 60 días más en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. Por su parte, el Gobierno señala que cuando las protestas finalicen se instalará la mesa de diálogo y se levantará la medida de emergencia. 

Reducción de ingresos en la región

La compañía minera, de propiedad de la china MMG Ltd, informa que entrega más del 92% de las transferencias por conceptos mineros a la región Apurímac (regalías contractuales y canon minero), siendo su principal fuente de recursos de inversión. Se benefician el Gobierno Regional de Apurímac, las 84 municipalidades de la región y las dos universidades públicas que funcionan en Abancay y Andahuaylas.

Según la compañía, que entró en operaciones comerciales hace seis años, generó por primera vez utilidades tributarias en el 2021, por lo que, a partir de este año, Apurímac recibirá transferencia por canon minero, adicional a las transferencias por regalía contractual. 

Apurímac recibirá este año S/314.5 millones por canon minero de Las Bambas, al registrarse un pago por Impuesto a la Renta por S/ 628.9 millones como resultado fiscal del 2021. En enero del 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió S/143 millones a la región como adelanto de canon minero, quedando pendiente la transferencia del saldo final para el mes de junio. Sin embargo, las autoridades regionales advierten que la crisis ya tiene un impacto en las arcas de la región y de los municipios.

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, dijo a OjoPúblico que en un escenario sin conflicto ingresaban a las arcas de la región en promedio S/3.5 a S/4 millones mensuales por regalías contractuales, pero, con la paralización de la minera, se obtuvo S/136 mil en el mes de abril, lo que provocaría la paralización de obras públicas y, en consecuencia, generaría desempleo entre los apurimeños.

“Tenemos 222 proyectos en ejecución que generan trabajo, pago puntual de planillas y adquisición de materiales de construcción a empresas locales en cada provincia. El 96% de los proyectos de inversión pública en Apurímac son por administración directa y aportan al crecimiento económico”, sostuvo Lantarón.

Las autoridades de la región Apurímac advierten que la crisis ya tiene un impacto en las arcas de la región y de los municipios.

“El desarrollo económico en Cotabambas está colapsando”, señala Rildo Guillén, alcalde provincial de Cotabambas. La paralización de Las Bambas pone en riesgo la continuidad de 20 proyectos de la provincia, entre los que figuran obras en infraestructura (colegios y mercados) y proyectos productivos, debido a que recibieron un porcentaje mínimo al total previsto de S/11 millones por adelanto de regalías.

“Para este año, el MEF hizo una programación de S/23 millones en regalías. Hasta mitad de año debieron entregarse S/11 millones, sin embargo, solo hemos recibido S/5 millones por la paralización con la minera. Tenemos un desfase de unos S/7 millones para obras que, en base a la previsión económica del MEF, ya habíamos proyectado”, explicó a este medio. 

Los proyectos con mayor presupuesto asignado en Apurímac durante el 2021 fueron para los sectores transporte, agropecuario, educación, saneamiento y salud. De estos, solo los sectores transporte, agropecuario y educación ejecutaron más del 70% de sus recursos asignados a inversión pública. Los proyectos de saneamiento alcanzaron el 58,2% de ejecución, mientras que los de salud ejecutaron el 56,5% de su presupuesto.

Frente a la reducción de inversión de obras en la región, la semana pasada el gobierno regional de Apurímac y las autoridades municipales solicitaron al MEF otras fuentes de financiamiento para continuar con los proyectos programados. Están a la espera de respuesta, indicaron.

NEGOCIOS.En Challhuahuacho hay unas 30 mil familias que dependen del comercio local, principalmente restaurantes, hoteles, lavanderías y servicios generales.

Foto: Ojo Público / Vidal Merma

José de Echave Cáceres, economista y experto en temas mineros, tiene otra mirada respecto a la disminución de los ingresos económicos mineros que se presentará por el conflicto minero. Para él, los ingresos seguirán siendo significativos, por lo que son los gobiernos locales quienes tienen el desafío de realizar una gestión correcta de estos recursos. 

“Habrán muchos recursos económicos por la minera, hubiesen sido mayores sin las paralizaciones, pero el reto de los gobiernos regionales y municipales es tener capacidad de gasto, no solamente en cantidad sino también en calidad”, indicó. 

Un informe realizado por Macroconsult sobre el impacto económico y social en Apurímac de MMG Las Bambas —por encargo de esta empresa— indica que la minera ha transformado la economía de Apurímac, triplicando su tamaño y permitiendo que el PBI percapita de la región alcance los 15 mil soles. Esta transformación, según dicho informe, ha coincidido con cambios a nivel demográfico y reducciones en los niveles de pobreza de la región. Para ello se comparan indicadores del 2009, donde casi la totalidad de los distritos apurimeños tenían tasas de pobreza por encima del 60%, mientras que en el 2018, a dos años del inicio de operaciones de la minera, la gran mayoría de distritos tuvo tasas por debajo del 40%.

El informe técnico “Evolución de la Pobreza Monetaria 2010-2021”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, muestra que el mayor porcentaje de pobreza monetaria en Perú, con incidencias en el rango de 36,7% a 40,9%, se concentra en Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, regiones que coincidentemente albergan importantes proyectos mineros cuyas operaciones no se han traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes. En un segundo grupo de regiones pobreza monetaria figura Apurímac con una tasa de pobreza del 25,5% y Cusco integra el tercer grupo con 20,9%.

En un informe sobre el impacto de la minería en la población local, el economista César Flores, subdirector de la ONG CooperAcción, explicó a este medio que la minería contribuye a la macroeconomía peruana, pero en la economía de las regiones no genera tantos empleos directos. “Aporta a través de las regalías, pero ese dinero muchas veces se gasta en fierro y cemento y no en fortalecer capacidades y mejorar los servicios básicos”, indicó.   

La crisis en manos del Gobierno

Además del impacto en la economía regional, Epifanio Baca, economista de la ONG Propuesta Ciudadana, advierte que la actual crisis en torno a la operación de Las Bambas puede poner en riesgo la inversión privada ya que el Gobierno está dando señales de que no tiene capacidad de resolverla. “Se genera incertidumbre ante un conflicto tan prolongado”, puntualizó.

José de Echave discrepa con las opiniones en torno a que la situación en Las Bambas afectará la inversión en el país. “Si bien es una situación complicada que debe solucionarse de la mejor manera, no hay que pensar que las inversiones mineras se detendrán o irán. Las mineras están acostumbradas a invertir en países de muy alto riesgo, siempre y cuando haya riqueza geológica para desarrollar proyectos de inversión”. En ese sentido, indicó que la inversión minera en el Perú no se detendrá. “En el país tenemos proyectos de cobre con los más bajos costos de producción a nivel mundial, la minería peruana es competitiva, los yacimientos geológicamente son importantes. Hoy en día, no abundan los yacimientos geológicos ricos de talla mundial”. 

CONTROL. Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, se encuentran en estado de emergencia desde el 27 de abril. Las actividades en ambos distritos se realizan con normalidad. 

Foto: Ojo Público / Vidal Merma

En lo que sí están de acuerdo ambos especialistas es que este conflicto está siendo abordado sin voluntad política ni estrategia. “Existe una base de desconfianza de las comunidades porque el Gobierno de manera automática crea mesas de diálogo, sesiones descentralizadas de la Presidencia del Consejo de Ministros que no llevan a nada. Tiene que haber un cambio de señales en el Gobierno, al paso que vamos estamos ante una crisis que se profundiza más”, refirió Epifanio Baca. 

Las mineras están acostumbradas a invertir en países de muy alto riesgo, siempre y cuando haya riqueza geológica para desarrollar proyectos de inversión.

Por su parte, Echave Cáceres resalta que la agudización del conflicto en Las Bambas se da porque se trata de un caso complejo donde hay una fragmentación de demandas procedentes de diversas comunidades que acusan a la empresa de no cumplir acuerdos pactados. “El Gobierno debe analizar cuáles son las demandas legítimas [...] para saber por dónde están los problemas que hoy implican una situación de entrampamiento del proyecto minero”, refirió el experto. 

En los últimos días, la comunidad de Antuyo se ha sumado a las comunidades de Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni que el 14 de abril iniciaron la crisis más prolongada del corredor minero. En tanto, el Gobierno da señales poco claras sobre su búsqueda de salida a la crisis. El jueves 2 de junio, la congresista Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para la nacionalización del cobre y la creación de la empresa estatal Las Bambas SAC. Al día siguiente, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, indicó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están listos para restituir el principio de la autoridad en la zona, lo que generaría nuevos enfrentamientos con los comuneros. 

*Con apoyo de Vidal Merma