Pese al intenso frío, la mañana del último 28 de setiembre un grupo de dirigentes de siete anexos de la zona rural de Chimbote instalaron carpas y una olla común frente a la sede del Gobierno Regional de Áncash, en la ciudad de Huaraz. Su consigna era no moverse de allí hasta que las autoridades regionales asignaran un presupuesto de S/12 millones para la ejecución de conexiones domiciliarias de electrificación a favor de 1.080 familias. Esperaban 18 años por ese proyecto.

Pasado el mediodía, el gobernador Henry Borja Cruzado anunció que entregaría el presupuesto esa misma tarde. Aunque se emitieron documentos consignando el ofrecimiento, las familias necesitadas de energía eléctrica debieron protestar otras veces. Hace unos días recién se lanzó el concurso para seleccionar a la empresa que ejecutará la obra.

Uno de los argumentos para no darle luz verde a este proyecto es que no había presupuesto. Sin embargo, el gobierno regional disponía en ese momento de más de S/800 millones para obras y no había superado ni el 28% de ejecución de esos recursos.

OjoPúblico analizó datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y encontró que, a un mes y pocos días de cerrar el año fiscal 2022, los gobiernos regionales no han ejecutado ni la mitad de su presupuesto que tienen para proyectos de inversión. 

Millonarios e ineficientes

Para este 2022, los 25 gobiernos regionales del Perú tienen en total S/13.705 millones para contratar obras y servicios que les permitan mejorar la calidad de vida de la población. Al 15 de noviembre, de acuerdo con el portal Transparencia Económica del MEF, solo han ejecutado S/6.402 millones, lo que representa un 48,6% del total del dinero que poseen.

En la lista figuran 10 gobiernos regionales que no han alcanzado ejecutar ni el 50% de sus recursos económicos, tales como Huánuco (17,3%), Cajamarca (31%), Áncash (31,8%), Ica (34%), La Libertad (34,5%), Piura (36,1%), entre otros. De estas regiones, Cajamarca y Huánuco registraron en el 2021 un nivel de pobreza monetaria de 36,7% y 40,9%, respectivamente, y que son las más altas del país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“En Lima solamente ven el monto del devengado [dinero girado a las contratistas], que es el traslado del dinero del tesoro público a la empresa privada, pero no ven el dinero que ya está comprometido, en ejecución”, dijo a OjoPúblico el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén. Su gestión es una de las que tiene el desempeño más deficiente en gasto público.

La autoridad regional señaló que el bajo nivel de ejecución de sus recursos también ocurre porque “muchas empresas que ganan concursos no están solicitando el dinero correspondiente al adelanto directo o para materiales”. Para esto último, las empresas deben presentar una carta fianza, pero prefieren usar sus recursos en la misma obra antes que obtener ese documento, ya que para ello necesitan tener dinero depositado en una entidad financiera. 

La falta de experiencia de los trabajadores de los gobiernos regionales es otro factor que desacelera el gasto público.

Las valorizaciones (pagos por el avance de la obra) observadas, las empresas que ganan procesos de selección y luego no presentan los documentos necesarios y retrasan la firma de los contratos, así como la falta de experiencia de los trabajadores del sector público en el manejo de grandes cantidades de dinero son otros factores que desaceleran el gasto público, alegó Mesías Guevara.

El gobernador de Cajamarca señaló que su nivel de ejecución no le preocupa mucho, porque su meta es comprometer esos recursos en la mayor cantidad de proyectos, los cuales se irán ejecutando en los próximos meses.
 
OjoPúblico pidió, a través de sus oficinas de comunicaciones, los descargos de los gobernadores regionales de Áncash y Huánuco frente a la baja ejecución de su presupuesto de este año en ambas regiones. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta a nuestra solicitud.

DEMANDA. Cientos de moradores de la zona rural de Chimbote protestan contra la Subregión Pacífico, entidad del Gore Áncash, para exigir la ejecución de una obra.

Foto: Rildo Loyola

En la otra cara de la moneda se encuentran los gobiernos regionales de Apurímac, Cusco, Junín y Loreto, los cuales han logrado superar el 60% de ejecución de su presupuesto. 

El año pasado, los gobiernos regionales cerraron con una ejecución de S/7.039 millones, equivalente al 71,5% de su presupuesto en conjunto, según el Reporte de Eficacia del Gasto Público 2021 de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Este año están bastante lejos de esa cifra, pues aún no han superado ni el 50% de lo que  tienen. 
 

Proyectos que aún no comienzan

Para este año, los gobiernos regionales tienen planificado ejecutar 6.245 proyectos de inversión pública. Un análisis de OjoPúblico, basado en datos del MEF al 7 de noviembre, revela que 1.982 de estas obras no habían comenzado a ejecutarse, lo que significa que el 27,5% del total están con 0% de avance.

Huánuco es la región que ocupa el último lugar en ejecución de gasto público. Para este año tiene un presupuesto de S/536.6 millones y solo ha gastado el 17,3%. No es que no haya necesidades de obras en esa región, pero hay debilidad en cuanto a la ejecución del gasto público.

De los 421 proyectos con presupuesto que tiene programados para este año, hay 237 que aún no han comenzado a ejecutarse, lo que representa más de la mitad de lo que planificó ejecutar este 2022. 

Entre las obras que todavía no se ejecutan figuran la construcción de un auditorio y cuatro aulas en el colegio Víctor Reyes Roca, del distrito de Leoncio Prado, valorizada en S/10,8 millones, y el mejoramiento del colegio San Cristóbal de Pachachín, del distrito de Huacaybamba, por un monto de S/6,8 millones. 

De los 421 proyectos con presupuesto que Huánuco tiene programados para este año, hay 237 que aún no se ejecutan.

Asimismo, otras obras con cero avance son la creación y mejoramiento del camino vecinal Cascón-Vista Alegre de Takaj-Río San Juan-Chavinillo-Pilcocancha, del distrito de Chavinillo, valorizado en S/11,3 millones y declarado viable desde enero del 2018. Este proyecto de concretarse beneficiará a 7.365 personas.

También el mejoramiento del centro de salud de Huacaybamba, valorizado en S/11 millones, y otros proyectos de infraestructura agraria, vial, educativa y demás sectores tienen cero avance.

Áncash tiene planeado ejecutar este año 554 obras, con una inversión de S/921,8 millones. La revisión de los proyectos muestra que de estos hay 222, que equivalen al 40,07% del total, que aún no han comenzado a ejecutarse.

Uno de los proyectos que figuran como no comenzados es el mejoramiento y ampliación del centro de salud Yugoslavia, en el distrito de Nuevo Chimbote, valorizado en S/2,3 millones. El personal de salud y administrativo ha realizado varias protestas exigiendo la reconstrucción de esa infraestructura que data de hace 50 años y que ha sido declarada en riesgo por Defensa Civil.

Cajamarca es otra de las regiones con un importante número de proyectos sin iniciar: 107 de los 254 presupuestados para este año. El gobernador Mesías Guevara dijo que son diversos los factores, desde problemas heredados de gestiones pasadas hasta recurso humano sin experiencia para manejar grandes cantidades de dinero, lo que genera lentitud en la ejecución de las obras.

Para el economista y exgerente general del Gobierno Regional de Áncash, Luis Luna Villarreal, otro de los factores que podrían desacelerar el gasto público es que los recursos económicos van incorporándose poco a poco. Por ejemplo, el dinero del canon minero suele entregarse un adelanto en enero y el resto en julio. Esto genera que los gobiernos regionales no cuenten con el 100% de su presupuesto a inicio del año.

Sin embargo, el exfuncionario reconoce que hay gobiernos regionales que pretenden manejar la ejecución de las obras para su beneficio y el de su entorno, buscando para ello a ciertas empresas y personas que cumplan con “sus requisitos”, lo que les toma tiempo y ocasiona también demoras.

Hay gobiernos regionales que pretenden manejar la ejecución de las obras para su beneficio y el de su entorno.

En Áncash, en octubre de este año la Contraloría hizo público un informe que determinó que cinco funcionarios de la Dirección Regional de Educación favorecieron a un proveedor sin experiencia, al que le compraron mobiliario para la implementación de las áreas de tópico en 25 institutos tecnológicos.

Epifanio Baca Tupayachi, economista integrante del Grupo Propuesta Ciudadana, dijo que la baja ejecución en los gobiernos regionales, en realidad, es un problema del aparato del Estado en general, en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Cifras del MEF indican que a la fecha, los municipios del país en promedio han ejecutado solo el 48% de los S/31.237 millones que tienen. En cuanto a las entidades del gobierno nacional, que para este año tienen en total un presupuesto de S/19.229 millones, han ejecutado hasta ahora el 67,1%.

Los presuntos actos de corrupción también frenan la ejecución del gasto, indicó el experto. “Ese poco avance tiene que ver con que la gestión pública ha entrado a un mayor control por la corrupción, los funcionarios tienen temor a tomar decisiones por ser observados. Diría que ahora que el factor corrupción es paralizante, porque si hay algún indicio ya está ahí la Contraloría”, explicó. 

La ineficiencia es recurrente

“[La baja capacidad de gasto en los gobiernos regionales] es un tema recurrente en los últimos años”, dijo a OjoPúblico el exministro de Economía y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Alonso Segura Vasi. 

Según el economista, los gobiernos regionales en promedio ejecutan su presupuesto en un rango de 60%, raras veces un 70%. Entre los factores que contribuyen para este bajo nivel de gasto señala que está la deficiencia en la formulación de los proyectos de inversión, contratistas que no pueden cumplir con sus compromisos y la corrupción. 

Otro factor a tener en cuenta es la falta de experiencia de las autoridades, ya que la mayoría no han gestionado antes proyectos públicos. Al respecto, dijo que eso se podría solucionar requiriendo funcionarios del Servicio Civil (Servir). “La razón por la cual no tienen competencias para tener un buen desempeño, no tiene que ver con cuánto le pagas a los funcionarios, sino con el pool de gente que ellos reclutan”, señaló.

RECLAMO. Los habitantes de La Mora, en Chimbote, también salieron a las calles demandando la ampliación y el mejoramiento del servicio eléctrico.

Foto: Rildo Loyola

Frente al argumento de que no se puede avanzar la ejecución de obras desde los primeros meses porque desde el inicio no cuentan con el 100% de los recursos, Segura Vasi señaló que no es válida esa justificación, porque hay proyectos que quedan del año anterior y tienen presupuesto. De ejecutarse, estas obras impactarían positivamente en la ejecución del gasto público en enero y febrero.

“Probablemente [los gobiernos regionales] apuntan a que le pongan la plata desde el primer día y sin ningún tipo de condición, pero ya hay suficiente evidencia de corrupción y mala formulación como para levantar restricciones a la entrega del dinero para los proyectos”, sostuvo.

Los expertos consultados señalaron que no existen alternativas de solución viables desde los gobiernos regionales, más que el pedir recursos sin condiciones ni controles.

Segura Vasi consideró que una forma de acelerar el gasto público podría ser formando una tecnocracia regional, con gente preparada que se puede reclutar de Servir, y estableciendo alianzas entre los gobiernos regionales, tipo macrorregiones, para formular programas de inversión a gran escala.

Asimismo, recomendó que se realice un mapeo serio de las brechas como, por ejemplo, en agua potable y otros servicios básicos. Luego organizarse entre los gobiernos regionales y plantear un programa de proyectos de saneamiento macro, con unos 50 proyectos que se liciten en bloque.

Una forma de acelerar el gasto público podría ser formar una tecnocracia regional, con gente que se puede reclutar de Servir.

“El problema es que cada gobierno regional hace lo que quiere, entonces atomiza sus proyectos, no generan economías de escala, ni intervenciones multisectoriales para determinadas localidades. Es mucho más eficiente que se junten cuatro o cinco gobiernos regionales y liciten en bloque”, sugirió. 

Baca Tupayachi también considera que un buen equipo gerencial ayudaría a mejorar el panorama; sin embargo, sostiene que en los gobiernos regionales se eligen a funcionarios que apoyaron en la campaña a la gestión de turno o a personas cercanas que les pueden acompañar en “las movidas que buscan hacer”.

¿Qué se puede esperar de los gobernadores electos en la ejecución de gasto en su primer año de gestión? El exministro Alonso Segura señaló que se prevé una ejecución más baja que la de este año porque se trata de autoridades nuevas, que no conocen la función pública.

De una opinión similar es Baca Tupayachi, quien señaló que no espera grandes cambios respecto a lo que se ha visto en el último año de las gestiones salientes. Indicó que para tener cambios sustanciales es necesario que se parta de una iniciativa nacional desde el Ejecutivo, con reformas y acompañamiento a los gobiernos regionales, que, por ahora, no existe ni en proyectos.