Pucallpa. Seis años después del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto, en la región Ucayali, los familiares de las víctimas siguen sin encontrar justicia. La investigación fiscal, que comenzó luego de la muerte de los dirigentes ashéninkas, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, está paralizada.

El último jueves se volvió a reprogramar, por tercera vez, la audiencia de control de acusación, debido a que el fiscal del caso, Otoniel Jara Córdova, fue removido de su cargo junto a otros catorce fiscales provinciales de Ucayali. 

La nueva cancelación de la audiencia generó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes narraron su impotencia a OjoPúblico. Diana Ríos Rengifo, hija del asesinado líder indígena Jorge Ríos, dijo –con lágrimas en los ojos– que permanentemente recibe amenazas. “Al igual que a mi padre, a mí me llegan las amenazas por terceros. Los asesinos están libres, siguen talando y nosotras [las viudas y huérfanas] no podemos regresar a nuestra comunidad por temor a que nos maten”.

Debido a la repentina salida del fiscal Jara Córdova, el coordinador de la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, Dennis Michael Vega Sotelo, solicitó ante la jueza la reprogramación de la audiencia para que el próximo fiscal encargado del caso “pueda presentarse con el conocimiento necesario para sustentar” la teoría del asesinato de los líderes indígenas.

El pedido fue aceptado por la jueza Cesia Marlitt Pérez Rengifo, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, quien reprogramó la audiencia para el próximo 3 de abril. Según conoció OjoPúblico, las dos veces anteriores en que se reprogramaron las audiencias (20 de diciembre del 2019 y 17 de enero de este año) fue por permisos de salud para los abogados de la defensa y para la jueza encargada del caso, respectivamente.

Una larga espera por justicia

La investigación que debía sustentar el fiscal Jara Córdova –quien regresará a su plaza de origen, en el Órgano de Control Interno de la Fiscalía– señala como actores intelectuales del asesinato de los cuatro líderes a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta; y como actores materiales a Eurico Mapes Gómez y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix. Todos ellos participaron, según la fiscalía, en el cruel asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez ocurrido en septiembre del 2014 en la frontera de Perú y Brasil, cerca de su comunidad. 

Para los cinco acusados, la fiscalía solicita 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio calificado. En un segundo caso, que está en investigación preliminar, se les investiga por el delito de asociación ilícita para la tala ilegal.

Los jefes de la comunidad habían denunciado, en varias oportunidades ante las autoridades, la tala ilegal de madera dentro de su territorio. Pero nadie hizo nada. Un amplio reportaje de OjoPúblico detalla una cadena de irregularidades en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar desde el 2008 la denuncia por tráfico de madera que ocasionó el despiadado asesinato de los líderes el 2014. 

Hasta el momento las autoridades solo han identificado a los líderes indígenas Edwin Chota y Leoncio Quintisima. Todavía está pendiente el reconocimiento de los cuerpos de Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. Han pasado seis años desde que fueron asesinados, y sus familiares continúan haciendo largos viajes desde su comunidad hasta Pucallpa, para buscar que se sancione a los asesinos. 

“Queremos justicia. Hasta ahora no podemos dar sepultura a mi padre porque no se han identificado sus restos (...) Nosotros no le faltamos el respeto a nadie, solo luchamos porque nos quieren expulsar de nuestro territorio. Como ashéninkas protegemos el bosque”, dijo Diana Ríos, hija del asesinado líder ashéninka Jorge Ríos. Ella y su madre asistieron a la frustrada audiencia. 

La comunidad nativa Alto Tamaya Saweto consiguió, recién un año después de la muerte de sus cuatro líderes indígenas, en el 2015, la titulación de su territorio con una extensión de 76.800 hectáreas de bosque, pese a que realizaban el trámite desde el 2006 ante la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Sin embargo, durante nueve largos años fueron ignorados.