Actualización: 7 de mayo del 2022 a las 7:10 p.m.

*Con apoyo de Vidal Merma

La convulsión en el corredor minero no acaba, pese a los intentos por retomar el diálogo entre las comunidades y la minera MMG Las Bambas, en Apurímac. El miércoles 4 de mayo una comisión de avanzada de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) —liderada por José Alberto Muro, encargado de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo— intentó reunirse con comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. Sin embargo, no se concretó la conversación. Esta cita de coordinación iba a ser un preparativo para la posible instalación de una mesa de diálogo este sábado 7 de mayo, una propuesta anunciada por la PCM días atrás, pero que aún no logra concretarse. 

La reunión del miércoles 4 de mayo se frustró por un desacuerdo sobre el lugar donde debía llevarse a cabo. La PCM pidió a las comunidades de los dos distritos —declarados en estado de emergencia desde el 27 abril pasado— enviar una comisión al Instituto de Educación Superior Tecnológico de Challhuahuacho. Pero el requerimiento no fue aceptado por la comunidad de Fuerabamba, que pidió a la comitiva agruparse en el sector conocido como Manantiales, la zona de ingreso a la mina Las Bambas. En este lugar esperaban más de 200 comuneros y las comitivas de las comunidades de Huancuire, Chila, Choaquere, Pumamarca y Chuycuni. 

Fuentes de la PCM señalaron a OjoPúblico que se desistió de ir a la zona porque las reuniones masivas no están permitidas en el estado de emergencia, decretado en el distrito de Challhuahuacho. Por ello, se propuso trasladar la reunión masiva al distrito de Mara, que colinda con Challhuahuacho, pero no está incluido en la declaratoria de emergencia. 

Esta última propuesta fue descartada por los comuneros. Al término de una asamblea general, los distintos presidentes de las comunidades instaron a la PCM a deponer el estado de emergencia para iniciar una mesa de diálogo. Además, las seis comunidades acordaron iniciar una protesta unificada. "El Gobierno nos ha dado la espalda con la declaratoria de emergencia, que afectó a las comunidades que, con justa razón, están reclamando a la minera por el incumplimiento de compromisos", dijo Walter Melón, presidente de la comunidad campesina de Huancuire, a OjoPúblico.

RECHAZO. La PCM y seis comunidades del corredor minero no llegan a acuerdos, de cara al 7 de mayo, fecha propuesta por la PCM para el inicio de una mesa de diálogo.

Foto: OjoPúblico/Vidal Merma

Las comunidades insisten que el estado de emergencia no es un contexto favorable para iniciar el diálogo. Por su parte, la PCM considera que no se dan las condiciones para levantar el estado de emergencia.

Desde que los comuneros de Fuerabamba fueron desalojados de las instalaciones del proyecto, el pasado 27 de abril, han intentado retornar a la zona de Takiruta en diversas oportunidades. La última semana, las incursiones se realizaron en la noche y madrugada, pero la seguridad de la minera impidió la ocupación. El 3 de mayo se denunció un atentado contra las instalaciones de la planta transmisora y antena FM de Radio Surphuy, de propiedad de la minera. 

Los comuneros piden levantar el estado de emergencia para iniciar el diálogo con la minera y la PCM".

José De Echave Cáceres, economista y experto en temas mineros, indicó a OjoPúblico que de persistir esta situación, es poco probable la instalación de una mesa de diálogo el sábado 7 de mayo. “No se está entendiendo la dimensión y gravedad del conflicto. Creo que está faltando una lectura adecuada de parte del Gobierno para volver a recuperar la confianza de los comuneros. Ahora, la credibilidad en relación a las autoridades y la empresa se ha roto”, indicó.

El especialista considera que para iniciar el diálogo se debe dar concesiones de ambas partes, como ponerle alto a los enfrentamientos o levantar el estado de emergencia. Aseguró que es probable que la violencia vuelva a escalar si el conflicto sigue latente por mucho tiempo. 

Sin embargo, a través de una carta remitida por el titular de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, se comunicó a Edison Vargas Huillca y Romualdo Ochoa Aysa, presidentes de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, respectivamente, que no se levantará la declaratoria del estado de emergencia ya que esta se estableció en base a los informes de la jurisdicción policial de Apurímac, la Comandancia General de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, "que tienen por finalidad detectar, prevenir y contrarrestar la alteración del orden público e ilícitos penales que pudieran registrarse en la jurisdicción, tal como ha sucedido en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac".

La carta firmada por el primer ministro indica que la autoridad competente debe verificar "en el territorio que las condiciones que generaron dicha declaratoria de emergencia han cambiado" para levantar esta medida. Además, indica que durante la realización de la mesa de diálogo del 7 de mayo, se informará sobre la verificación realizada y "podría recomendar a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar la pertinencia de la derogatoria de la declaración del estado de emergencia". 

La misiva firmada por Torres Vásquez también pide que la reunión del 7 de mayo se realice en la casa comunal de la Municipalidad distrital de Tambobamba, provincia de Cotabambas, ya que en los lugares propuestos por las comunidades en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui está prohibida la libertad de reunirse debido al estado de emergencia. 

Por otra parte, los comuneros de Huancuire permanecen en terrenos de la mina, destinados para la construcción del tajo de Chalcobamba, lo que será la expansión de Las Bambas. Ellos reclaman el presunto incumplimiento de acuerdos y, además, existe una disputa legal entre la comunidad y MMG Las Bambas sobre el terreno ocupado. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló, mediante un comunicado, que alrededor de 150 comuneros de Huancuire han cerrado todos los accesos con maquinaria pesada y camiones.

SNMPE calculó que la paralización de Las Bambas significa dejar de percibir S/ 5,2 millones por canon y regalías al día, así como otros 9,2 millones de dólares por exportaciones de cobre. Más de 8 mil trabajadores y proveedores de la mina han paralizado sus actividades.  

Falta definir sede del diálogo

Los intentos de diálogo continuaron el viernes 6 de mayo. A través de una carta al primer ministro Aníbal Torres, los presidentes de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire pidieron que la mesa de diálogo convocada por la PCM para el sábado 7 de mayo se realice en la Comunidad Campesina de Pumamarca, donde no está vigente el estado de emergencia 

La propuesta de que Pumamarca sea sede de la reunión entre los comuneros, la minera y la PCM es una “muestra de nuestra genuina voluntad de diálogo”, indicaron Edison Vargas y Romualdo Ochoa, presidentes de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, respectivamente, en su misiva. Además, los dirigentes insistieron en que se anule el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui para la “construcción de un espacio de diálogo transparente y horizontal”. Dicha carta fue recibida por la PCM a las 12:45 p.m. 

Ante la propuesta de los comuneros, recibida este viernes 6 de mayo a las 12:45 p.m. por la PCM, el primer ministro respondió, a través de un oficio remitido a las 7:30 p.m. de ese mismo día, que la comisión de alto nivel del Ejecutivo no podrá asistir a la zona por la tardía comunicación de la propuesta y dificultades logísticas. Además, propuso que la mesa de diálogo se realice el martes 10 de mayo en la ciudad de Tambobamba.

La respuesta de las comunidades llegó este sábado 7 de mayo. Las comunidades de Fuerabamba, Choaquere, Huancuire, Chuicuni, Pumamarca y Chila confirmaron su participación en la reunión del 10 de mayo, pero demandan que esta se realice en Pumamarca. La contrapropuesta aún no ha sido respondida por la PCM.

Las denuncias entre las partes se acumulan 

A raíz de la ocupación de terrenos de la mina, la empresa MMG Las Bambas ha denunciado por usurpación a los comuneros de Fuerabamba. Fredy Manchego Quispe, fiscal provincial titular mixto de Challhuahuacho - Cotabambas, señaló a OjoPúblico que se están abriendo una serie de investigaciones a partir de denuncias realizadas por la empresa y la Procuraduría de Orden Interno. De parte de la comunidad hay resistencia a acudir al Ministerio Público para realizar alguna denuncia. 

El despacho fiscal abrió de forma oficial dos investigaciones en el contexto del conflicto. Sin embargo, evalúan hasta siete posibles delitos, entre ellos usurpación, intento de violación y daños. Una de ellas está vinculada al presunto uso de armas de fuego durante los enfrentamientos entre efectivos de la Policía y personal de seguridad de la minera con comuneros de Fuerabamba.

Al respecto, la Red de Salud de Cotabambas confirmó a este medio que el 28 de abril se atendió al comunero Efraín Rojas Paniura, de 39 años, con el diagnóstico de “herida penetrante de la pared posterior del tórax”. La Fiscalía investiga si esta lesión fue causada por un arma de fuego. Por ello, ayer se programó una diligencia de absorción atómica como parte de las investigaciones en este caso. 

De parte de la comunidad de Fuerabamba hay resistencia a acudir al Ministerio Público".

Además, se ha pedido a la Policía de Abancay que realice las labores de investigación preliminar, a fin de determinar si se inicia una investigación por el presunto uso de implementos de la Policía Nacional de civiles que fueron contratados por la minera para participar en el desalojo a comuneros de Fuerabamaba y Huancuire.

Esta investigación se abrió de oficio, luego de que se difundieron videos donde se observa a civiles mostrando que fueron vestidos con prendas de la Policía, durante las labores de desalojo. OjoPúblico se comunicó con MMG Las Bambas para consultar sobre estos videos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta. 

INVESTIGACIÓN. El Ministerio Público tiene previsto realizar pruebas de absorción atómica para determinar si se utilizaron armas de fuego en el desalojo.

Foto: Comunidad de Fuerabamba

La empresa tampoco señaló si tenía conocimiento sobre la denuncia de intento de violación y agresión física en contra de una  trabajadora de seguridad de MMG Las Bambas. Este caso fue difundido por la Red de Ingenieras de Minas del Perú (RIM Perú). La trabajadora habría recibido amenazas de parte de comuneros que intentaron ingresar al campamento, el pasado 28 de abril. En los próximos días, el despacho fiscal solicitará la declaración de la agraviada.

"Vamos a recabar los datos primarios, todavía no se cuenta con mucha información. Se está tratando de ubicar a la agraviada, notificar y hacer las diligencias de forma rápida", señaló el fiscal Fredy Manchego, quien estima que en los siguientes días se seguirán incrementando las denuncias, porque no se llega a acuerdos entre la empresa y las comunidades. 

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas también ha iniciado una investigación preliminar a raíz de una denuncia de la empresa Minera Las Bambas S.A. contra los dirigentes de la comunidad campesina de Huancuire por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, hurto agravado y daño agravado debido al ingreso de alrededor de 50 comuneros a sus predios, el día 14 de abril. 

Según la cédula de notificación 1378-2022 —enviada por la fiscalía a Romualdo Ochoa Aysa, presidente de la comunidad de Huancuire—, la minera, a través de su apoderado Gonzalo García Muñoz Nájar, ha denunciado a Ochoa Aysa, Javier Ochoa Núñez, Alexander Raúl Anglas Quiróz, Patricio Ochoa Sánchez, Sunilda Ochoa Núñez, Agustina Pusaclla Ochoa, María Alejandro Ochoa Núñez y LQRR [los que resulten responsables]. Dichas personas han sido acusadas por la empresa de liderar a los comuneros de Huancuire que ingresaron a los terrenos de Las Bambas, el 14 de abril pasado. Los mismos, agrega la compañía, tomaron "el control absoluto bajo violencia en contra del personal y empresas contratistas". De acuerdo a la denuncia esto se acreditaría "con constataciones policiales de fecha 15 y 19 de abril del 2022”.

El litigio por el futuro tajo en Las Bambas

Los pleitos entre las comunidades del corredor minero y la empresa operaria de Las Bambas también se mantienen en la vía judicial. En febrero de 2019, la comunidad de Huancuire demandó a la minera ante el Juzgado Mixto de Tambobamba y solicitó que se anulara una transacción extrajudicial celebrada entre ambas partes en 2017. Dicha transacción se realizó para replantear un acuerdo marco del 2013 cuyos convenios, de carácter confidencial, no eran cumplidos por la minera, según los comuneros. 

Mediante la transacción del 2017 se entregaron 132 hectáreas de la comunidad, que atraviesan el terreno donde se proyecta el futuro tajo de Chalcobamba. Al respecto, Alexander Anglas, asesor legal de la comunidad de Huancuire, señaló a OjoPúblico que la comunidad pidió al Poder Judicial que se declare nulo el acuerdo del 2017 porque la transferencia de estas tierras habría sido incluida en el escrito de forma irregular. Este medio también pidió la versión de la empresa sobre el tema, pero no se tuvo respuesta. La demanda por la nulidad de la transacción extrajudicial se encuentra en su etapa final. Las tierras en litigio son ocupadas por la comunidad desde el pasado 14 de abril.

Chalcobamba es el segundo de los tres tajos que MMG Las Bambas proyecta explotar. Ferrobamba fue el primer tajo que entró en operaciones, y para su construcción se tuvo que reubicar a la comunidad de Fuerabamba. En marzo pasado, la empresa anunció que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el desarrollo del tajo Chalcobamba, mediante un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Hong Kong. Se tiene proyectado sacar la primera producción de Chalcobamba en la segunda mitad del 2022. Esta construcción aumentaría la producción de Las Bambas de 380.000 a 400.000 toneladas de cobre concentrado por año. 

DEMANDA. La comunidad de Huancuire y Las Bambas se enfrentan en la vía judicial por la propiedad de 132 hectáreas que atraviesan la zona donde se construirá el segundo tajo de la mina. 

Foto: Juzgado Mixto de Tambobamba

El Juzgado de Tambobamba señaló que en caso de declararse nulo el acuerdo extrajudicial, la comunidad debe “restituir a Minera Las Bambas S.A., las contraprestaciones dinerarias otorgadas en la suma de sesenta y cinco millones de soles, más intereses legales devengados hasta la fecha efectiva de su restitución”.

Este problema legal puede retrasar los planes de la empresa para su expansión. Además del reclamo judicial, la comunidad protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos del convenio marco que data de 2013. En caso de que se instale una mesa de diálogo, estos puntos que llevan años en dilación, deberán ser resueltos con la mediación del Gobierno. Pero aun así, el corredor minero seguirá en crisis, ya que, según la Defensoría del Pueblo, en esta zona hay hasta cinco conflictos activos y en observación.

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