Un total de 24 llamadas telefónicas entre el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas y los miembros de la organización criminal conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fueron utilizadas como sustento por el Poder Judicial para ordenar el impedimento de salida del Perú de quien hasta ahora ejerce uno de los máximos cargos del Ministerio Público.

El mandato del Poder Judicial, solicitado por el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, también alcanzó a Orlando Velásquez Benites, expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

La investigación del Ministerio Público contra Gálvez empezó el 26 de septiembre del 2018, es decir hace casi un año, y está basada en cuatro gestiones, supuestamente irregulares, que realizó con el exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de dicha organización, y hoy sometido a un proceso de extradición desde España.

De acuerdo a la primera imputación –según el requerimiento fiscal al que accedió Ojo-Publico.com– Gálvez intercedió ante Hinostroza para favorecer a Segundo Nemecio Villalobos Zárate, integrante de las rondas campesinas de Moyobamba (San Martín), y quien se encontraba sentenciado por tenencia ilegal de armas. 

Según la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, esta imputación se basa en la declaración de Gálvez ante dicho despacho, así como en la brindada ante los medios de prensa y en cinco interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía durante la tercera semana de marzo del 2018. En una de las llamadas, Hinostroza y Gálvez acuerdan verse para “ver el caso del rondero de San Martín”.

La segunda imputación fiscal dice que Gálvez solicitó al exjuez Hinostroza que “apoye a su amigo el fiscal anticorrupción Walther Javier Delgado Tovar" en un proceso judicial por violencia familiar. 

“Un favor para completar la chamba pe', lo de Waltercito para ver si lo apoyas ahí (...) la mujer que lo está jodiendo”, dijo Gálvez a Hinostroza en una conversación interceptada por la Policía. Para este caso, la fiscalía también consideró información brindada por diferentes publicaciones periodísticas sobre el caso, así como la declaración testimonial que brindó Delgado Tovar en el proceso por violencia familiar que tenía en el 12º Juzgado de Familia de Lima.

La tercera imputación indica que el exjuez Hinostroza pidió al fiscal Gálvez atender a su conocido, el empresario Mauricio Arrieta, quien afrontaba un proceso entre su compañía Corefo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El registro de visitas del Ministerio Público permitió confirmar la reunión entre ambos implicados. 

VÍNCULO. Sustento de pedido de impedimento de salida del país contra fiscal supremo Tomás Gálvez evidencia cercanía con  César Hinostroza Pariachi. 

Documento: Ojo-Publico.com. 

Según el documento del caso, Gálvez derivó al “recomendado [Mauricio Arrieta]” al despacho del fiscal Jesús Fernández Alarcón, entonces a cargo del caso. Hoy, Fernández es coordinador del Equipo Especial que sigue las pesquisas del Caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’. En los elementos de sustento también se consideraron cinco llamadas efectuadas entre César Hinostroza y Tomás Gálvez realizadas finales de enero e inicios de febrero del 2018.

La cuarta imputación del Ministerio Público se basa en la declaración de un testigo protegido que dijo que el entonces presidente del CNM, Orlando Velásquez, realizó coordinaciones secretas con Guido Águila, otro consejero de la misma desaparecida entidad, para apoyar en su postulación como fiscal superior penal de Lima a Walther Delgado, quien habría sido “patrocinado” por Gálvez ante el CNM. 

En ese sentido, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía identificó tres conversaciones entre Gálvez y miembros del CNM durante esta convocatoria. 

El Ministerio Público también concluyó que las coordinaciones irregulares entre Gálvez y Velásquez del desactivado CNM fueron realizadas como parte “de los objetivos de una organización criminal” que incluyó otras nueve llamadas telefónicas. 

Como parte de su cobertura de los ‘Audios de la corrupción’, Ojo-Publico.com reveló que el fiscal Gálvez admitió reuniones en su casa y su oficina con José Cavassa Roncalla, operador en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en el Consejo Nacional de la Magistratura entre el 2015 y 2017. 

El fiscal supremo no reportó sus citas secretas con Cavassa hasta mucho después de que la Policía tenía grabadas sus conversaciones. Luego de revelarse las primeras escuchas que comprometían a funcionarios del Poder Judicial, Gálvez recién acudió a la fiscalía para denunciar a Cavassa.