La Primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios ordenó el archivamiento de la investigación preliminar por delito de peculado contra un grupo de trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presuntamente involucrados en el  intento de robo de más de 4 mil documentos del Archivo Presidencial Cáceres, el caso más emblemático de la campaña de la BNP para detener el tráfico ilegal de sus fondos históricos y uno de los que ha permitido reconstruir mejor el circuito del robo al interior de esa institución.

La decisión fue notificada ayer a la Biblioteca Nacional con carácter de "muy urgente".

La denuncia por este caso, planteada por el Director de la BNP, Ramón Mujica Pinilla, involucra a ocho funcionarios de distintas áreas que tenían la responsabilidad de custodiar los fondos bibliográficos más valiosos del país, un material que solo se guarda en la bóveda o en zonas de acceso restringido. La Biblioteca les imputa responsabilidad por la salida irregular de esos documentos de su lugar de custodia, lo que constituye un presunto delito de peculado, que consiste en la apropiación ilícita por parte de un funcionario, para sí mismo o para una tercera persona, de recursos o bienes públicos que les están confiados por la naturaleza de su cargo.

AZOTEA. En estas condiciones fueron encontradas las 7 carpeta con más de 4 mil documentos del Archivo Presidencial Cáceres, muy lejos de las bóvedas donde debían estar protegidos. / BNP 

Pese a la gravedad de los hechos, que estuvieron a punto de causar un daño irreparable al Patrimonio Cultural de la Nación, la fiscalía consideró que no se trató de peculado, sino de “un acto negligente, imprudente, u omisión en el cumplimiento de sus funciones”, y argumentó que la denuncia “definitivamente encuadraría en otro tipo penal”.

La decisión fiscal se da a conocer pocos días después de que el Director de la Biblioteca Nacional denunció ante la Comisión de Cultura del Congreso que estaba a punto de perder todos los juicios por robo de libros y materiales valiosos planteados por su gestión. Este es el primero de los casos y el de más impacto por la cantidad de evidencias que existen para identificar a los responsables.

"Esto es una vergüenza para el Ministerio Público y para el país entero, que está expuesto a la pérdida de su patrimonio cultural", señaló Mujica sobre el fallo de la fiscalía, cuya valoración consigna además fechas y circunstancias equivocadas sobre los hechos investigados. Por ejemplo, dice que el hallazgo se produjo el 26 de mayo del 2011, cuando en realidad ocurrió el 15 de septiembre del 2010. Y señala que los documentos fueron encontrados en cuatro cajas lacradas, a pesar de que en los testimonios y evidencias del proceso se especifica que los papeles estaban envueltos en un plástico, al interior de un mueble. Las cajas lacradas verdes fueron las que el personal técnico utilizó para rescatar los documentos poco después del hallazgo. "Nosotros hemos presentado todos los documentos que dan esos detalles", señaló el director de la BNP.

ROBO FLAGRANTE

El caso se remonta a septiembre del 2010, cuando operarios de mantenimiento encontraron un paquete con documentos antiguos en la azotea de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Estaban escondidos en un mueble en mal estado que estaba considerado para descarte. Los trabajadores alertaron del hallazgo a los técnicos del Archivo Central de la BNP, quienes establecieron de inmediato que se trataba de manuscritos originales pertenecientes al archivo del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, héroe de la Guerra del Pacífico, patrono del Ejército y dos veces Presidente Constitucional del Perú.

Se trata de cartas recibidas por Cáceres entre 1893 y 1921, desde distintas localidades del país, con información de correligionarios y representantes políticos de departamentos como Áncash, Arequipa, Amazonas, Cusco, Huancavelica y Cerro de Pasco. 

DOCUMENTOS Izq: Detalle de la correspondencia encontrada, que  estaba identificada por fechas y lugares de origen. Der: Carta de Aurora Cáceres, hija del héroe, en que dona la documentación del archivo presidencial a la Biblioteca Nacional en 1955. / BNP

El hallazgo dio pie a seis años de procesos administrativos y denuncias penales por hurto agravado que no rendían frutos, pues se enfocaban en encontrar a la persona no identificada que extrajo materialmente los documentos, con la presunta intención de sacarlos de la biblioteca, y eludía la responsabilidad funcional de los trabajadores encargados de su seguridad y protección en un área cuyo acceso es tan restringido como el de la bóveda que protege los caudales de un banco.

Entre los imputados hay varios miembros del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca Nacional (Sitbin), quienes incluso han negado el robo con el argumento de que la documentación no llegó a salir del local de Abancay. “Esos manuscritos no fueron robados, fueron encontrados en la azotea por el carpintero cuando estaba haciendo unos arreglos”, declaró el viernes último a RPP Nelly Bobbio, Secretaria General del Sitbin y una de las funcionarias mencionadas en la denuncia. Al momento del hallazgo, Bobbio trabajaba en la Dirección Ejecutiva de Patrimonio Documental Bibliográfico y fue la especialista que se encargó de revisar y contar los documentos encontrados fuera del área de seguridad.

CROQUIS. Este documento evidencia la ubicación del Archivo Presidencial Cáceres, en la antigua bóveda (resaltada en verde) y el área restringida de la BNP, de donde fue sacado de manera irregular. Hoy los documentos están en un nuevo y más seguro lugar.

Otra de las afirmaciones de los presuntos involucrados es que al rescatar los documentos de la azotea, donde estaban casi a la intemperie, los operarios de mantenimiento y archivo “contaminaron” la escena del hallazgo, lo que impediría encontrar pistas de los responsables. La BNP sostiene que la azotea solo era un lugar de tránsito en la operación de robo –un descanso a la espera de arrojar los documentos a una calle aledaña o sacarlos entre los muebles viejos–, y que lo que debería considerarse “escena del crimen” es la bóveda, el ambiente original del que fueron extraídos de manera ilícita. Es decir, el área que estaba a cargo de los funcionarios denunciados.

Ojo-Publico.com solicitó desde hace días una entrevista con la representante del Sitbin, pero hasta el cierre de este artículo no recibió una respuesta precisa.

“Es materialmente insostenible denunciar por hurto a funcionarios que están a cargo de la custodia de documentos históricos, valiosos, que son propiedad del Estado Peruano. Evidentemente es un (caso de) peculado”, señala el abogado Martín Carpio, exasesor legal de la Dirección Nacional, quien meses atrás tuvo a cargo el análisis de los procesos fallidos y estableció la necesidad de un cambio en la tipificación del caso.

Sin embargo, el magistrado Néstor Raúl Rivera Navarro –titular de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima– resolvió que el tipo de delito no procede en este caso. A pesar de las circunstancias que evidencian las responsabilidades de funcionarios específicos por no proteger los documentos y permitir su salida ilegal, el fiscal solo consideró que “dichos bienes se encontraban en la azotea de la Biblioteca Nacional, por lo tanto, ninguno de estos (los funcionarios denunciados) ha tenido la disponibilidad para hacer uso o apropiarse de dichos bienes, no concurriendo las condiciones objetivas que describe el tipo penal de peculado”.

El fiscal se pronunció por el archivamiento definitivo del caso por este delito y se declaró no competente para continuar la investigación por el delito contra los bienes culturales y el delito de omisión de actos funcionales, que eran parte de la denuncia de la Biblioteca Nacional.

EMBLEMA. El "Breve compendio de la Vita del B. Toribio Alfonso Mogrobesio", de 1679, fue robado por un vigilante en el 2011. Se convirtió en símbolo de la campaña contra el robo de libros en la BNP.

Este es un caso emblemático del esfuerzo de la Biblioteca Nacional por detener el robo de libros y documentos antiguos. En la lista de denuncias también está el llamado "Caso 30 libros", que incluye varias joyas bibliográficas dadas por desaparecidas en el 2009; el caso "El arte de los metales", una pieza muy preciada desaparecida en el 2014; y el "Breve compendio de la Vita del B. Toribio Alfonso Mogrobesio [1679]", un valioso ejemplar robado por el propio vigilante de la bóveda en el 2011, por los días en que se realizaba el inventario para establecer las dimensiones del tráfico de libros antiguos.

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Foto principal: Audrey Cordova Rampant.