ACUSADORES. Los fiscales anticorrupción Elvis Suarez (derecha) y Eiser Jimenez (izquierda) estuvieron a cargo de la investigación y acusación contra el clan Orellana y altos exdirigentes de los Registros Públicos.
La sentencia contra el exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, y miembros del estudio de abogados fundado por Rodolfo Orellana Rengifo podrá ser usada por los agraviados de esta organización criminal para recuperar sus terrenos en litigio, una vez que el fallo sea confirmado en segunda instancia, explicaron los fiscales anticorrupción detrás de este caso emblemático en una entrevista con OjoPúblico.
El último miércoles, la jueza Fernanda Ayasta ordenó 10 años de prisión contra Ludith Orellana, quien elaboró un mecanismo de sobornos para inscribir propiedades de manera irregular. El exjefe de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Álvaro Delgado Scheelje, también fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por el delito de asociación ilícita.
"Nosotros hemos ganado el partido al clan Orellana", dicen los fiscales anticorrupción.
El fiscal anticorrupción Elvis Suárez y su adjunto Eiser Jiménez explicaron que esta sentencia además servirá para las investigaciones seguidas contra el clan Orellana por otros despachos, como la Fiscalía de Lavado de Activos. "Estamos seguros que en un plazo corto [la sentencia] será confirmada en una segunda instancia”, agregaron los miembros del Quinto Despacho Anticorrupción.
¿Qué significa esta sentencia para el sistema anticorrupción?
Fiscal Eiser Jiménez (EJ): La opinión pública a veces presta atención a ciertos requerimientos que hace el Ministerio Público, como las prisiones preventivas o allanamientos. Pero no es lo mismo meter un gol o hacer una ‘guachita’ que ganar el partido. Nosotros hemos ganado el partido. Es una condena lograda por este sistema anticorrupción.
Sin embargo, seis años han pasado desde la captura de Rodolfo Orellana.
Fiscal Elvis Suárez (ES): La investigación fiscal duró tres años, mientras que el control de acusación y el juzgamiento duraron un año cada uno. Este es un plazo récord si comparamos con otras legislaciones como la argentina, donde un caso similar dura aproximadamente 15 años.
CONDENADA. El Poder Judicial condenó a 10 años de prisión a Ludith Orellana, por liderar el área de saneamiento del estudio de abogados de su hermano, donde instauró un mecanismo de sobornos para captar a funcionarios de los Registros Públicos.
Foto: Andina
¿Y en comparación con otros procesos a nivel nacional?
EJ: Si comparamos con otras investigaciones que iniciaron en la misma fecha, también es un tiempo récord. Esta sentencia además va a servir como hecho precedente para investigaciones relacionadas, como la seguida en la Fiscalía de Lavado de Activos.
Además se ha condenado a un exjefe nacional de los Registros Públicos.
EJ: Ha sido complicado conocer detalles técnicos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Sí tenemos que decir que no hemos recibido el 100% de apoyo por parte de la Sunarp. Es más, algunos de los involucrados no han recibido sanciones administrativas.
¿Hay condenados por este caso trabajando en Sunarp?
EJ: Sí, como el señor Wilfredo Nuñez Peña. Por lo menos, no hemos visto una sanción administrativa de carácter disciplinario.
SUNARP. El exjefe de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, no asistió a la audiencia donde el Poder Judicial le impuso seis años y ocho meses de prisión por asociación ilícita. La jueza ha ordenado su ubicación y captura.
Foto: Congreso de la República
¿Cómo acreditaron que existía una asociación ilícita de abogados del estudio Orellana y trabajadores de Sunarp?
EJ: Una organización criminal se desenvuelve de manera clandestina. El pacto criminal no es explícito, nadie suscribe un contrato. La asociación ilícita se acredita de forma implícita. Por ejemplo, Nuñez Peña realizó 27 direccionamientos de títulos vinculados al clan Orellana.
La defensa de los acusados señalaba que el término “direccionamiento” no existe en Sunarp.
ES: Nosotros denominados “direccionamiento” a la redistribución. Un título era ingresado por la organización de Orellana, y este era designado a la sección 77, donde trabajaba Pedro Guzmán Molina [quien inscribió de manera irregular los expedientes del estudio de abogados]. Dentro de la documentación de la organización criminal aparecía esta palabra.
EJ: Tenemos además un archivo denominado ‘Bóveda’. En este documento de Excel se colocaba “direccionamiento de títulos”. Era un término que existía tanto para el estudio Orellana como para las personas vinculadas a Sunarp, como Álvaro Delgado Scheelje.
¿El archivo ‘Bóveda’ del estudio Orellana era como la Caja 2 de Odebrecht?
ES: Era una planilla secreta, paralela, diferente a la contable. En ella utilizaban códigos de clientes y del personal, usaban términos en clave. Era un documento secreto que manejaba la organización de Orellana.
EJ: En este archivo contable se registraban los ingresos y egresos, que incluían los pagos a terceros, como confirmaron los colaboradores y testigos.
AUDIENCIA. Los fiscales anticorrupción Elvis Suarez y Eiser Jiménez durante la última audiencia del juicio oral contra el exjefe de Sunarp y el clan Orellana, antes de conocer la decisión en primera instancia del Poder Judicial.
Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral
¿Con cuántos testigos y colaboradores eficaces han trabajado?
EJ: Con dos colaboradores eficaces y 12 testigos protegidos.
¿Cuál estrategia usaron para captar colaboradores eficaces?
ES: La Fiscalía ha captado colaboradores en términos regulares, no con presión ni bajo amenaza de una prisión preventiva, y siempre con su abogado.
EJ: Tenemos una ley, un reglamento y una guía de instrucción sobre colaboración eficaz. No es irregular o ilícito proponer a una persona que se acoja a esta figura. Lo irregular sería decirle que se acoge a la colaboración eficaz, o sino solicitaré una prisión preventiva en su contra.
Mencionaron que esta sentencia sirve como precedente para otras fiscalías. ¿Ocurre lo mismo con los agraviados del clan Orellana?
ES: La sentencia será apelada por la defensa, y estamos seguros que en un plazo corto será confirmada en una segunda instancia. En ese momento, adquiere la calidad de cosa juzgada y puede ser usada en procesos civiles. Esta sentencia podrá ofrecerse como prueba nueva, para que el juez civil falle a favor de los agraviados del clan Orellana.