La investigación a una banda de narcotraficantes en El Callao fue el hilo conductor para develar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y corrupción de funcionarios en el sistema de justicia. Las escuchas telefónicas que formaban parte de estas pesquisas salieron a la luz con los llamados CNM Audios (2018), ocasionando una crisis política y judicial y derivando en un proceso penal contra magistrados de alto nivel denominado los Cuellos Blancos del Puerto.

El emblemático caso, sin embargo, es solo la punta del iceberg de las redes ilícitas infiltradas en las instituciones encargadas de investigar el delito. La semana pasada, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) difundió el estudio denominado “Corrupción en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, el cual señala que un total de 334 magistrados (151 jueces y 183 fiscales) están involucrados o sentenciados por presuntos actos de corrupción en todo el país.

La información, con cifras a noviembre del 2019, incluyen a la organización que fue develada con los CNM Audios, pero también a otros grandes casos como el Clan Orellana, involucrada en actos de usurpación, lavado de dinero y tráfico de tierras; Los ilegales de Piura, implicada en tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas; y Los Patrones de Ucayali, así como una red criminal que cobraba cupos para favorecer a postulantes que participaban de los procesos de selección en el Ministerio de Público de Ucayali, entre otros.

Del total de magistrados procesados, 61 jueces y 15 fiscales son investigados por tener diferentes grados de vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto. Sus casos forman parte de 88 expedientes e involucran a 11 magistrados supremos y cinco miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entre los que predominan el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi; el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo; los ex miembros del CNM, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Águila, entre otros.

CUELLOS BLANCOS. La red de César Hinostroza se extendió hasta la Corte Superior de Lima Sur. En esta grabación, él y el ahora exvocal superior Marco Cerna Bazán conversan sobre la posibilidad de convertir a abogados de su entorno en magistrados supernumerarios.

Video: OjoPúblico

Los principales delitos en que incurrieron son el cohecho y el tráfico de influencias (72%), y la mayoría de procesados afronta sus juicios en libertad. Solo se han dictado órdenes de prisión preventiva contra 16 de estos jueces y fiscales, y 41 sentencias que involucran a 42 personas.

Cabe indicar que la investigación solo incluye a magistrados, no al resto de profesionales del sistema de justicia que están procesados por estos hechos, como secretarios, especialistas legales, asistentes y personal administrativo, por lo que la red de corrupción es más amplia.

El perfil de estos magistrados tiene en común que son en su mayoría titulares, es decir, no tenían un nombramiento provisional en el cargo: el 51.61% de los jueces son especializados y el 44,8% de los fiscales eran provinciales.

Son 330 expedientes que están en trámite e involucran a jueces y fiscales en todo el país, principalmente en Lima, Junín y Piura (56%), y 190 de estas causas aún están en investigación preliminar. La reparación civil que se ha impuesto hasta el momento es de S/1 millón 110 mil; mientras que otros S/68 millones 25 mil han sido solicitados en los juicios que siguen en trámite.

El estudio también intenta conocer el perfil de la persona que intervienen en el acto ilícito, es decir, quién corrompe al funcionario. En 137 casos pudieron determinar que son los propios litigantes los que promueven mayoritariamente el delito (83 casos), seguido de su abogado (39) y familiares de los investigados (15).

Otro aspecto a precisar es el alto subregistro en los casos de tráfico de influencia que suceden en el Poder Judicial o en el Ministerio Público y llegan a ser descubiertos. La Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2017 (Enevic), realizada por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estima que al menos el 87,3% de todos los hechos ilícitos ocurridos al año no se denuncian.