INVESTIGADO. Miguel Arévalo utiliza su pasaporte de EE.UU. para querellar periodistas de investigación en Perú.
La resolución del juez Mariano Méndez de la Corte Superior de San Martín, que favoreció al acusado por narcotráfico, Miguel Arévalo Ramírez ‘Eteco’, viola la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y sienta un precedente funesto para el sistema judicial del Perú y para la lucha del Estado en contra de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas a nivel internacional.
Así lo indican las apelaciones de la Fiscalía de Crimen Organizado y de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) presentadas ante el despacho del juez Méndez de Tarapoto, quien favoreció al investigado por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
El fallo del juez Méndez “es un pronunciamiento excesivo en su competencia como juez constitucional y traerá consecuencias funestas para la justicia (el Poder Judicial y Ministerio Público) ya que deja abierta la posibilidad para que otros investigados y procesados” puedan hacer lo mismo, dice la apelación de la Procuraduría del Ministerio Público.
El fallo a favor de 'Eteco' abre la posibilidad para que otros investigados puedan hacer lo mismo
En un caso sin precedentes a nivel judicial, el juez Méndez Calderón se pronunció a favor de Arévalo y decidió anular todas las resoluciones emitidas por el Ministerio Público y prohibir cualquier actividad investigativa de la Dirandro. El fallo fue revelado la semana pasado por OjoPúblico.
En la apelación de la Policía Antidrogas se destacó que el “Tribunal Constitucional ha determinado que los casos sobre tráfico ilícito de drogas son materia de pronunciamiento de la justicia ordinaria penal”. Esto debido a que los investigados por este tipo de delitos suelen utilizar los Hábeas Corpus como un medio para para conseguir archivar o paralizar las pesquisas fiscales y policiales en su contra, dice la apelación de la Dirandro.
APELACIÓN. El Ministerio Público considera que el fallo sienta un precedente negativo para la justicia.
Captura: Documento fiscal.
‘Eteco’ planteó el Hábeas Corpus en contra del fiscal de crimen organizado, Álvaro Rodas, quien inició las pesquisas; así como contra el coronel PNP, Walter Lozano, jefe del grupo de inteligencia Orion de la Dirandro. Este oficial es el más reputado de la Policía Antidrogas. Bajo el apelativo de ‘Bica’, Lozano fue uno de los dos oficiales que capturó al máximo jefe terrorista del Huallaga ‘Artemio’ en el 2012, y a Rodolfo Orellana, cabecilla de una organización criminal dedicada a la estafa y al tráfico de terrenos, en el 2014.
El Ministerio Público y la Dirandro, por intermedio de sus representantes, cuestionaron el fallo a favor de ‘Eteco’ debido a que las pesquisas en marcha no amenazaban su libertad de manera irregular o violaban su derecho a no ser investigado por hechos pasados. En las pesquisas, la fiscalía de crimen organizado ya había recogido las declaraciones de testigos que involucraban a Arévalo con el narcotráfico por hechos completamente desconocidos.
'Eteco' denunció al fiscal Álvaro Rodas y al coronel PNP Walter Lozano 'Bica' de la Dirandro
“Bajo el argumento de la afectación al principio de Non bis in ídem se incurre en el grave error de calificar los delitos denunciados y la investigación preliminar”, dice la apelación del Ministerio Público. El documento de la impugnación además indica que Arévalo pudo ejercer su derecho de defensa ante la fiscalía encargada de la investigación preliminar y no a través de un Hábeas Corpus que no es una vía paralela a la justicia ordinaria penal.
El Ministerio Público y la Dirandro citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el juez Mariano Méndez de la Corte Superior San Martín fallo de manera irregular en favor del Hábeas Corpus presentado por Arévalo. Dichas apelaciones serán vistas en segunda instancia en dicha jurisdicción.
La semana pasada, el diario Perú21 reveló que el Presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, pidió a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que determine las responsabilidades del caso luego de conocerse el fallo del juez Méndez.