El domingo 5 de junio, el periodista británico Dom Phillips y el experto indígena brasileño Bruno Pereira, desaparecieron en la Amazonía mientras investigaban y recogían testimonios en el Valle del Yavarí (Brasil), muy cerca a la frontera del Perú. Este fin de semana las autoridades confirmaron los asesinatos de ambos e identificaron sus cuerpos.  

La policía reconoció el cuerpo de Phillips y Pereira a través de "odontología forense combinada con antropología forense". El doble crimen —el primero contra un periodista que cubría crímenes ambientales en la Amazonía— tiene como principales sospechosos a los hermanos Amarildo da Costa de Oliveira, alias Pelado, y Oseney da Costa de Oliveira, alias Dos Santos. El primero de ellos confesó el crimen, aunque días antes la familia denunció que él había sido torturado para inculparse.

Este fin de semana las autoridades confirmaron los asesinatos de ambos e identificaron sus cuerpos.

La reserva del Valle del Yavarí, en Brasil, se encuentra en la parte occidental del estado de Amazonas, y está próxima a la frontera con Perú. Tiene 8,5 millones de hectáreas y es del tamaño de Portugal. En esta región viven seis pueblos indígenas diferentes y al menos 16 grupos aislados. Por eso es considerado una de la áreas amazónicas con la mayor concentración de indígenas aislados del mundo.

Eduardo Alexandre Fontes, superintendente de la Policía Federal brasileña, señaló a la prensa el pasado 15 de junio que Pelado confesó el delito de manera voluntaria e indicó el lugar donde se habría enterrado a los cuerpos. Sin embargo, en un comunicado del viernes último, la organización indígena local Unión del Valle del Yavarí (Univaja, por sus siglas en portugués) rechazó que esto haya sido un caso aislado e indicó que desde 2021 han reportado la existencia de un grupo criminal que actúa en las constantes invasiones en el Valle del Yavarí.  

ASESINATO VIOLENTO. La policía federal de Brasil identificó los cuerpos del periodista Dom Phillips y el experto indígena Bruno Pereira.

Foto: Agência Pública / Avener Prado

INTERVENCIÓN. Uno de los sospechosos del crimen, Oseney da Costa de Oliveira, alias Dos Santos, fue detenido de manera preventiva el pasado 14 de junio.  

Foto: Agência Pública / Avener Prado. 

"No se trata solo de dos asesinos, sino de un grupo organizado que planificó detalladamente. Exigimos la continuidad y la profundización de las investigaciones", agregó la organización en su pronunciamiento.

Los representantes indígenas señalan que en el asesinato están involucrados criminales que han sido denunciados desde hace meses por el Equipo de Vigilancia de Univaja (EVU), a través de cartas enviadas al Ministerio Público Federal, a la Policía Federal y a la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad debilitada durante la gestión de Jair Bolsonaro. Los crímenes en esta parte de la Amazonía se han incrementado desde que Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil y debilitó el marco legal que protege los derechos indígenas.

En las cartas enviadas –como ha ocurrido con otros defensores asesinados y amenazados en la Amazonía– Unijava sostiene que ha informado y descrito nombres de los invasores, miembros de la organización criminal, métodos de actuación, y cómo entran y salen de los territorios indígenas, los bienes ilícitos que se llevan, los tipos de embarcaciones que utilizan en sus actividades ilegales. A pesar de ello, en todo este tiempo, denuncian que las autoridades de Brasil no les han hecho caso.

Comunicado Univaja 17.06.22 by OjoPúblico Periodismo de In...
 

Univaja, cuyos miembros se sumaron a las búsquedas, mostró su temor en un comunicado frente a la violencia y amenazas en la zona. También calificó al caso como un "crimen político" al considerar que las víctimas eran "defensores de los derechos humanos y murieron realizando actividades en beneficio de nosotros". 

Horas previas a la confirmación de los crímenes, el presidente brasileño Jair Bolsonaro intentó desinformar al señalar a un canal periodístico que Dom Phillips era “mal visto en la región” por desarrollar “reportajes contra los mineros ilegales, [sobre] el tema ambiental". 
 

Una región asediada por el crimen

Phillips y Pereira desaparecieron cuando se desplazaban hacia la ciudad de Atalaya del Norte y fueron vistos por última vez a la altura de la comunidad de San Gabriel, ubicada a algunos kilómetros de distancia de San Rafael, un lugar habitado por 20 familias; entre ellos los hermanos Da Costa de Oliveira. 

Un día antes de su desaparición, según han reportado medios locales, el reportero y el experto indígena recibieron amenazas de pescadores ilegales que manejan el tránsito en el río en esta zona de frontera amazónica. 

El punto brasileño al que se dirigían el periodista y el experto indígena, Atalaya del Norte, limita con la localidad peruana de Puerto Amelia, perteneciente al distrito de Yavarí (Loreto), y solo separada por el río del mismo nombre. Durante los últimos años, dirigentes han reportado la presencia de miembros de cárteles de droga colombianos, así como el aumento de cultivo ilegal de hoja de coca, la deforestación, tala ilegal, minería ilegal y otras actividades ilícitas.

El punto brasileño al que se dirigían el periodista y el experto indígena, Atalaya del Norte, limita con la localidad peruana de Puerto Amelia.

A inicios de este año, en esta zona limítrofe de Perú, el puesto policial fronterizo de Puerto Amelia fue atacado por delincuentes y cuatro efectivos fueron heridos. El suceso ocurrió luego de que la policía peruana detuvo a un grupo de brasileños acusados de pretender robar una agencia del Banco de la Nación en la Isla Santa Rosa en el distrito de Yavarí (Loreto), en diciembre del 2021. 

En abril último, la policía antidrogas también capturó a seis personas e intervino 200 kilos de alcaloide de cocaína en la comunidad 28 de julio, en el distrito de Yavarí, zona de frontera con Brasil. Desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la “precariedad y vulnerabilidad” de los servicios policiales en puestos de vigilancia en la frontera de Perú y Brasil. 

La triple frontera es el nombre del área amazónica donde se encuentra el hito fronterizo de las ciudades de Tabatinga en Brasil, Leticia en Colombia y la localidad de Santa Rosa de Yavarí en Perú, la última ubicada en los márgenes del río Yavarí que es el punto entre Brasil y Perú donde desaparecieron Phillips y Pereira. 

El análisis satelital de la Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) ha identificado una clara expansión ilegal de la hoja de coca en esta zona. Entre 2016 y 2017, la Unodc detectó más de 3.300 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en zonas del centro peruano (Ayacucho, Junín, Huánuco y Pasco) y de la Amazonía (Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali), entre ellas del pueblo ticuna (300 hectáreas) y yagua (204 hectáreas) en Loreto. 

Además, la Unodc ha advertido que la procedencia de la droga —con destino a Brasil— que recorre los ríos Ucayali, Amazonas y Yavarí no solo tiene como procedencia a zonas de producción del sector fronterizo en la región Loreto sino también a otras áreas más alejadas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

DENSIDAD. En los últimos años, el aumento del cultivo de hoja de coca se ha expandido desde el centro del Perú hacia territorios fronterizos de la Amazonía.

Mapa: Unodc 

El último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) alerta que en la zona cocalera de Bajo Amazonas —donde se ubica precisamente la triple frontera— la superficie de hoja de coca afecta a 37 comunidades indígenas y alcanzó las 1.752 hectáreas cultivadas en 2020, un incremento del 76% respecto al 2019. De este total, el territorio ticuna concentra el 77% (1.348 hectáreas), seguido por el pueblo Yagua con el 20% (355 hectáreas) y el 3% en los pueblos kichwa (38 hectáreas), kukama kukamiria (9 hectáreas) y los awajún (1 hectárea).

El abogado de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Ciro Salazar Valdivia, sostiene que la lejanía y carencia en el acceso a servicios públicos de las comunidades en frontera permite el ingreso de economías ilícitas a través de proyectos de conectividad vial. "Por no evaluar bien estos peligros, parte de la inversión pública puede contribuir a generar mayor riesgo en la vida de estas poblaciones y defensores ambientales que están siendo asesinados por estas mafias", explicó.

Criminalidad en aumento 
 

"Al menos seguimos vivos hasta ahorita. Por ahora no hemos tenido un percance [con narcotraficantes] y ojalá que siga siendo así, pero no sabemos adónde podemos llegar", dice un líder de la Federación de Comunidades Ticuna y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), sobre la situación en la triple frontera y que prefiere mantener su nombre en reserva por su seguridad. 

Fecotyba es una organización que agrupa a más de 30 comunidades indígenas con representación en los cuatro distritos de la provincia de Mariscal Ramón Castilla y que rechazan la presencia del narcotráfico, la trata de personas y otras economías ilegales. También denuncian la ausencia de las autoridades locales y nacionales en este territorio fronterizo. “Debería haber mayor coordinación y apoyo de las instituciones para hacer un trabajo más amplio en lo que es la conservación y defensa de los bosques”, indicó uno de sus dirigentes a este medio.

Fecotyba es una organización que agrupa a más de 30 comunidades indígenas que rechazan la presencia del narcotráfico, la trata de personas y otras economías ilegales.

El territorio representado por la Fecotyba, también limítrofe a Brasil y Colombia, se ubica en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, y está integrada por Pebas, Ramón Castilla, San Pablo y Yavarí. Entre el 2019 y 2020 la deforestación en estos distritos aumentó entre más del 50% y 109%. En esta provincia amazónica, colindante con Colombia en el noreste y con Brasil al sur, se encuentran 150 comunidades indígenas, principalmente de los pueblos yaguas y ticunas. 

Poca seguridad y presencia del Estado
 

Las actividades ilícitas en zona de frontera también han puesto en alerta a los líderes indígenas. En un encuentro en Palacio de Gobierno del pasado 16 de junio, representantes de 11 regiones amazónicas, que integran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), pidieron al presidente Pedro Castillo que —entre otros puntos— garantice el respeto de los derechos colectivos de las comunidades “priorizando la protección de la vida e integridad de los líderes y lideresas indígenas en situación de riesgo”. 

Esta solicitud de los dirigentes indígenas se da meses después de que Pedro Castillo suscribió junto a su par brasileño, Jair Bolsonaro, una declaración conjunta para impulsar la economía en actividades como la exploración de inversiones en la frontera amazónica. Sin embargo, la firma de este acuerdo bilateral no ha considerado los problemas ambientales, el avance de la criminalidad organizada, las actividades ilegales ni las amenazas de estos hacia  los pueblos indígenas de ambos países. 

La decisión del Poder Ejecutivo de estar alineado a las políticas de Bolsonaro ha coincidido con los intereses que también se trabajan desde el Legislativo, desde donde se tiene en carpeta un grupo de iniciativas para declarar de “interés nacional” la construcción de carreteras en territorios amazónicos. 

Ciro Salazar Valdivia, abogado de la ONG DAR, considera que en zonas de frontera no solo falta la presencia del Estado de manera física sino también existe una ausencia de estrategias de desarrollo productivo. "Hay proyectos que se inician, pero a los pocos años quedan inoperativos. No hay vinculación entre diferentes sectores del Estado para fortalecer las economías locales y que puedan ser un desincentivo para que la población deje de sumarse a cadenas logísticas ilícitas”, dijo. 

IMPACTO. Los cultivos de hoja de coca también han llegado a territorios de comunidades indígenas ubicadas en la triple frontera amazónica.

Mapa: Ministerio de Cultura / Devida.

Durante la pandemia seis defensores ambientales han sido asesinados en Perú, 65 en Colombia y 20 en Brasil. En el caso peruano, la mayoría de estas víctimas indígenas había recibido amenazas de presuntos narcotraficantes. La expansión de la hoja de coca en estos territorios incrementó la violencia. 

Pese a las advertencias, el papel del Estado y el trabajo para el cuidado a los defensores ambientales todavía se encuentra pendiente. Katherine Sánchez Lozano, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sostuvo que el gobierno debe trabajar contra el aumento de la criminalidad en frontera pero no solo se debe actuar en situaciones de emergencia para el cuidado de los defensores ambientales sino también para enfrentar a las economías ilegales. 

“Hasta que [el gobierno] no afronte el eje central que es la ilegalidad, el sistema de protección de personas defensoras que está caminando no se va a dar abasto para poder vigilar tantas alertas de emergencia en zonas donde la presencia del Estado es difícil. Es necesario atender el problema estructural”, finalizó. 

El río Yavarí, con sus más de 1.100 kilómetros de longitud, no solo marca el límite entre la frontera de Brasil y Perú sino que recuerda la lejanía de las autoridades nacionales de la densa selva amazónica, cada vez más invadida por el narcotráfico y otras actividades ilegales que amenazan a quienes protegen estos territorios.