La covid-19 impactó también en el control del tráfico de drogas en América Latina y el Caribe, asegura el informe mundial de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas, presentado para la Región Andina y Cono Sur el pasado 10 de marzo, en Lima.

Uno de los puntos que resalta el reporte global es que durante la crisis sanitaria se presentaron problemas en la fabricación y abastecimiento de algunos medicamentos contra el dolor, y que por eso, en varios establecimientos de salud del mundo se comenzaron a usar masivamente derivados opioides, como el fentanilo. Estos fármacos se utilizaron, incluso, para el tratamiento de algunos síntomas de covid-19.

Según el informe, el aumento de estas sustancias ha generado un riesgo, pues una parte de esta se deriva a la fabricación de drogas ilegales.

El documento expone también cambios en la producción y comercialización de sustancias ilegales en América Latina. En el 2021 se incrementó el tráfico de cocaína y precursores (insumos que se desvían de su curso legal y se utilizan para la elaboración de drogas).

De acuerdo con el estudio, los grupos de crimen organizado aumentaron el tamaño de las cargas enviadas desde Sudamérica a Europa y África, para compensar las pérdidas económicas sufridas durante los primeros meses de la pandemia.

El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

Las restricciones de movilidad terrestre que causaron estas pérdidas dieron paso, además, a la consolidación de rutas aéreas, marítimas y fluviales; así como al aumento del uso de contenedores marítimos, semisumergibles y lanchas rápidas, y también de avionetas adaptadas para el narcotráfico. 

En países como Perú, la suspensión de las labores de erradicación de plantaciones de hojas de coca en zonas prohíbidas, durante la pandemia, derivaron en un aumento de más de 10% de la superficie total de cultivo ilícito.
 

Fentanilo en la mira

El aumento de la demanda de algunos fármacos para el tratamiento del dolor y sedación durante la pandemia, incrementó la fabricación y consumo del fentanilo y sus análogos en todo el mundo.

El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Algunos de sus análogos: el alfentanilo, el remifentanilo y el sufentanilo, se han utilizado durante la pandemia como “analgésicos y supresores de la actividad respiratoria en pacientes con ventilación mecánica en cuidados intensivos y para proporcionar cobertura analgésica en maniobras dolorosas”, señala el informe de la JIFE.

Sin embargo, el aumento de su distribución en la región estaría siendo aprovechado para su uso en la fabricación de drogas ilegales. “Los cierres de fronteras conexos, que han afectado a las rutas de tráfico desde América Latina y Asia Sudoccidental y Sudoriental y ha provocado escasez de heroína, podrían dar lugar a la adulteración o sustitución de la heroína por opioides sintéticos más dañinos, en particular análogos del fentanilo más potentes”, señala el reporte del organismo de la ONU.

Durante la presentación del informe, Alberto Otárola, miembro de la JIFE y exministro de Defensa del Perú, expuso que para la ONU y la Interpol los usos del fentanilo en el comercio ilegal de drogas son una gran preocupación, pues los opioides son más fuertes, dañinos y adictivos que otras drogas. 

“Estas sustancias están entrando con demasiada facilidad a nuestros países. Hemos detectado ingresos masivos hacia Brasil, Chile y Argentina de estos medicamentos aparentemente legales, pero que tienen fuertes dosis de tráfico ilícito de drogas”, explica. “Esta es la manera en la que el narcotráfico se ha modernizado, porque tiene mucho menos costo comercializar los opioides sintéticos que el tráfico, por ejemplo, de marihuana y cocaína”.

Los usos del fentanilo en el comercio ilegal de drogas preocupan porque son más fuertes, dañinos y adictivos que otras drogas". 

El uso del fentanilo con fines no medicinales puede tener consecuencias mortales: un estudio publicado en 2021 determinó que en Estados Unidos, entre 2017 y 2020, el carfentanilo(10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo) y el 3-metilfentanilo (entre 400 y 6.000 veces mayor que la de la morfina) circulaban en el mercado ilegal de drogas. 

Otra investigación en 2016 y 2017 ya había detectado un análogo del fentanilo en el 20,6 % de las muertes por sobredosis, en el mismo país.

El informe de la JIFE alerta que el aislamiento físico y psicológico, y la interrupción del acceso a servicios de salud mental, provocados por la pandemia, han “exacerbado la drogodependencia y el consumo de drogas con fines no médicos”. 

Las mediciones de la JIFE concuerdan con esta afirmación: el consumo de opioides en América del Sur subió de 537 dosis diarias (por cada millón de habitantes) en 2017 a 919 dosis diarias en 2020.

CONSECUENCIAS. El informe alerta que el impacto en la salud mental por la pandemia ha “exacerbado la drogodependencia".

Imagen: JIFE

Nuevas rutas y más comercialización

Las restricciones de movilidad terrestre establecidas por la pandemia también modificaron las cadenas de distribución de drogas en la región, afirma la JIFE. “Las rutas aéreas y marítimas para el tráfico de drogas se han convertido en las alternativas preferidas para eludir las restricciones a los viajes por tierra. Los traficantes han recurrido cada vez más al uso de avionetas para transportar cocaína entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú”, asevera el estudio.

Esto también ha consolidado nuevas rutas internas, como el sistema fluvial Paraguay-Paraná, formado por 3.400 km ininterrumpidos de ríos que conectan Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con el océano Atlántico; ruta usada ahora para el tráfico de cocaína fabricada en Bolivia y Perú, que sale hacia los mercados internacionales de cocaína a través de puertos de Brasil y Paraguay. 

“Uno de los impactos más importantes de la pandemia en la dinámica de narcotráfico ha sido, en primer lugar, la ralentización del comercio marítimo internacional, y esto ha ocasionado un cambio de circunstancias absolutas en la cuenca amazónica, afectando a ocho países, entre ellos a Perú”, sostuvo Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

“El informe, al mencionar al África Occidental como un hub de recepción de la cocaína procedente de la Región Andino-Amazónica, lo que soslaya es el impacto que está teniendo el cambio de circunstancias, de lo que fue la autopista del Pacífico para el trasiego de drogas hacia el Hemisferio Occidental hacia una conversión del espacio amazónico en una ruta fluida, por vía aérea, fluvial y también terrestre; con el agregado y el ingrediente de que Brasil es un país no solamente de tránsito de estas drogas, sino también un potencial mercado de sustancia ilícitas”, aseguró.

Los traficantes han recurrido cada vez más al uso de avionetas para transportar cocaína entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú.

En este sentido, para Pierre Lapaque, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) para la Región Andina y el Cono Sur, es fundamental el trabajo colaborativo entre naciones para frenar esta situación. “América Latina y el Caribe es clave para las organizaciones criminales y por ello los organismos de cooperación internacional, las autoridades y las instituciones de los Estados miembros debemos unirnos para proteger a la región de los riesgos y de las amenazas de las economías ilícitas”, indicó.

Esto supone un reto adicional de vigilancia para los Estados implicados, que, también, se ha visto mermada en la pandemia. En el caso de Perú, la superficie de cultivo ilícito de arbustos de coca aumentó de 54.644 ha en 2019 a 61.777 ha en 2020, según datos del gobierno reportados a la JIFE. 

El estudio atribuye este incremento del 13% a “la suspensión de las labores de erradicación durante la pandemia de covid-19, el creciente éxodo a las zonas rurales a medida que se deterioran las condiciones socioeconómicas en las ciudades y la inestabilidad política”. Durante los últimos meses, el avance del tráfico de tierras para el cultivo ilegal de hoja de coca ha sido denunciado por los pueblos indígenas de la Amazonía de Perú, donde varios de los líderes han sido asesinados presuntamente por traficantes.

Solo en Perú, cuatro de los seis defensores amazónicos asesinados entre el 2020 y 2021 fueron acribillados por presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico. A diferencia de los informes de monitoreo de cultivos ilícitos correspondientes a Bolivia y Colombia, que la Unodc realiza en cooperación con los Gobiernos de los países, en  Perú los elabora el Gobierno. “La Unodc no ha estado en condiciones de validar los datos presentados por el Gobierno del Perú”.

Aunque en Colombia el cultivo ilícito de arbusto de coca ha disminuido, la JIFE ha registrado indicios de tráfico de productos intermedios, sobre todo base de cocaína, desde este país hacia otros países de América del Sur, Centroamérica y el Caribe, “lo que sugiere que las etapas finales de la fabricación de clorhidrato de cocaína se realizan cada vez más fuera de Colombia”.