Después de recibir millonarias transferencias de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, Jorge Luis Cuba Hidalgo -viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno aprista (2008-2011) y hoy prófugo de la justicia peruana por corrupción y lavado de dinero- y su entorno familiar más cercano realizaron operaciones de compra y venta de bienes en Lima hasta por un monto de US$418 mil. 

El exviceministro, según la acusación del Ministerio Público, había recibido US$2 millones de la offshore AEON Group vinculada a Odebrecht, entre julio del 2013 y abril del 2014. 

Ojo-Publico.com conoció que en noviembre del 2014, luego de la última transferencia de la constructora, Cuba Hidalgo desembolsó cerca de US$150 mil para comprar un departamento, una cochera y un depósito en una zona residencial de Miraflores. Cuatro meses después, el prófugo de la justicia gastó otros US$26 mil al adquirir una camioneta KIA Sportage de último modelo. 

En tanto, su hijo, Rodrigo Cuba Piedra -que entonces tenía 22 años y era futbolista del club Juan Aurich de Chiclayo- compró en junio de aquel 2014 un automóvil Audi de lujo valorizado en US$42 mil, según información de Registros Públicos. 

INVERSION. Pocos meses después del pago de los sobornos por Odebrecht, Cuba Hidalgo compró departamento, cochera y depósito por US$150 mil.

En enero del 2015, en una singular operación, el mismo joven le pagó a su padre US$200 mil por el departamento, la cochera y el depósito que aquel había comprado en Miraflores dos meses antes. Finalmente, acabó pagando US$50 mil más del valor original. Al cierre de edición llamamos telefónicamente a Rodrigo Cuba, pero no hubo respuesta.

Las operaciones de compra y venta antes citadas fueron canceladas mientras Cuba Hidalgo se encontraba alejado de la función pública y en conjunto con su esposa. Sin embargo, mientras aquel era funcionario del Estado entre los años 2009 y 2012, Ojo-Publico.com detectó que su patrimonio registró un sorpresivo aumento de cerca de medio millón de soles. 

Es decir, pasó de S/ 2.3 millones a más de S/2.8 millones, según sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.

¿QUIÉN LOS ASESORÓ EN LA CREACIÓN DE OFFSHORE?

Los estudios de abogados Aleman, Cordero, Galindo & Lee junto a Soberon y Asociados, ambas ubicadas en Ciudad de Panamá, fueron los encargados de crear las sociedades offshore que utilizaron el exviceministro Cuba Hidalgo y Edwin Luyo, exintegrante del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, para recibir los sobornos procedentes de Odebrecht.

DETENIDO. Edwin Luyo, exfuncionario aprista que recibió dinero de Odebrecht, fue trasladado al penal Ancón I. Fuente: Paco Medina/Poder Judicial

Ojo-Publico.com conoció que las firmas Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Soberón y Asociados compiten e incluso comparten clientes con la ya famosa Mossack Fonseca, del Caso Panama Papers, en abrir offshore en los principales paraísos fiscales del mundo, con el objetivo de crear cuentas bancarias o adquirir bienes muebles o inmuebles para ocultar la real identidad del propietario.

El estudio Soberon y Asociados se registró como agente de la offshore Hispamar Internacional Corp en el 2010, que tiene como beneficiario final al exviceministro Cuba Hidalgo, mientras que la firma Alcogal hizo lo mismo con la sociedad Oblong International INC a fines del 2011, a nombre de Luyo Barrientos. Soberon y Asociados luego fue reemplazada por FDM Corporate & Legal Services, también de Panamá.

El Ministerio Público solicitó el último sábado la orden de captura internacional contra Cuba Hidalgo por delitos de corrupción, luego de que este viajara a EE.UU. en diciembre del 2016. En tanto, Edwin Luyo fue trasladado al penal Ancón I, luego de aceptar el millonario soborno de Odebrecht.

El Comercio reveló ayer que otros dos miembros del comité del Metro de Lima, Santiago Chau Novoa y Mariella Huerta Minaya, abandonaron el país pocas semanas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara que la constructora brasileña aceptó haber pagado aproximadamente US$29 millones en coimas a funcionarios peruanos.